Del choque al pacto: las propuestas de Podemos que el PSOE terminó aceptando

La controversia en torno al impuesto a las grandes fortunas, que el PSOE rechazó poco antes del verano y que ahora ha anunciado que aplicará a partir de 2023, es sólo la punta de un particular iceberg que acostumbra a separar (y resquebrajar) al gobierno de coalición. Las propuestas que inicialmente enfrentan a ambos partidos y que, poco después, terminan saliendo adelante con el apoyo de todo el Ejecutivo son cada vez más numerosas. Con un detalle clave: Podemos se queja de que sus ideas primero son criticadas pero luego los socialistas las aceptan. Y hay ejemplos de todo tipo.

Impuesto a las grandes fortunas

La ministra de Hacienda anunció recientemente que el Gobierno aprobará un impuesto “temporal” a las grandes fortunas, que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2023. La decisión llega sólo tres meses después de que el PSOE tumbara una idea similar propuesta por Unidas Podemos; los morados querían fijar una tasa para quien tuviera más de diez millones de euros, con ocho tramos diferentes.

En la votación del Congreso, celebrada antes del verano, el PSOE se unió a Vox y PP para rechazar esa propuesta con el argumento de que ya se había avanzado lo suficiente en el endurecimiento de la fiscalidad para las grandes fortunas. Los socialistas llegaron a poner en duda su eficacia recaudatoria.

"El contexto ha cambiado y ahora es necesario un reparto más justo"

El giro en esa posición es evidente. Según el presidente del gobierno, “el contexto ha cambiado” y ahora es necesario “un reparto mucho más justo” de las consecuencias de la guerra”, pero no convence a su socio de gobierno. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, subrayaba hace unos días con ironía esas diferencias de criterio, especialmente porque las propuestas de su partido primero son “bolivarianas” o “ilegales” y “luego empiezan a sonar bien”.

Ingreso Mínimo Vital

Hay más ejemplos. La puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital también enfrentó a los dos socios, no sólo porque varios ministros socialistas entendían que había que prepararlo durante más tiempo, sino también por su mejora. En la negociación de los Presupuestos de 2021, Unidas Podemos exigió cambios para dotar de mayor rapidez la concesión de estas ayudas. La formación morada llegó a presentar doce enmiendas en el Congreso para ampliar el alcance de la ayuda, intentando presionar al PSOE.

Recargo a energéticas y bancos

Unidas Podemos celebró en agosto que el presidente del gobierno anunciara la aplicación de un impuesto extraordinario a las grandes entidades bancarias y a las energéticas. Esa medida, incluida en su programa y que llevaron al Congreso en febrero, fue rechazada inicialmente por el PSOE. En verano, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos ya metió prisa al PSOE. Jaume Asens aseguró que era “urgente” que estas nuevas figuras impositivas “se apliquen ya” para “socializar los beneficios y bajar la factura de la luz”. Durante el Debate sobre el Estado de la Nación, Sánchez presentó este gravamen como la medida estrella del Ejecutivo para la defensa de las clases medias frente a los poderes económicos.

Debate sobre el Estado de la Nación

En julio el PSOE votó en contra de 12 de las 15 propuestas de su socio de gobierno en ese Debate, entre ellas las relacionadas con fiscalidad, política migratoria, reforzamiento de la laicidad o la prohibición de nuevas aperturas de casas de apuestas. Es más, los socialistas consiguieron sacar adelante sus 15 propuestas con apoyo de partidos de izquierdas y de derechas indistintamente. Un particular ejercicio de geometría variable, no siempre con el apoyo de sus compañeros de Moncloa.

Precio del alquiler

La imposición de un límite al precio del alquiler, tal y como quería Unidas Podemos, o una suerte de incentivos fiscales, como proponía el PSOE, también enfrentó al gobierno de coalición durante varios meses. Los morados terminaron consiguiendo imponer ese límite, aunque con matices: el texto circunscribió ese techo a las zonas tensionadas y a empresas e instituciones que fueran propietarias de más de diez viviendas.