El 6 de febrero de 2014, un número indeterminado de personas intentaba acceder a territorio español a través de la frontera de Ceuta. 15 de ellos perdían la vida ahogadas mientras trataban de sortear a nado el dique que separa Marruecos de la ciudad autónoma de Ceuta. Su deseo de entrar en España acababa en muerte.
Los supervivientes y varias organizaciones exigieron responsabilidades por la falta de auxilio y las agresiones que habían recibido estando en el agua. En un primer momento esa versión fue negada por el delegado del Gobierno en Ceuta y el director de la Guardia Civil. Posteriormente, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció que se habían producido esos lanzamientos, aunque "lejos" de los inmigrantes.
En enero de 2018 el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta decretaba el sobreseimiento libre y el archivo de la causa abierta por las muertes de los 15 inmigrantes que perdieron la vida en el intento de entrada por la frontera del Tarajal.
En la causa, 16 guardias civiles estaban imputados por delitos de homicidio y lesiones imprudentes. Se les acusaba de denegar auxilio a los inmigrantes que perdieron la vida en el mar ahogados. De acuerdo con el texto del auto, los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha y haciendo caso omiso a las peticiones de las fuerzas marroquíes y de la Guardia Civil.
En las imágenes se puede ver cómo un número indeterminado de inmigrantes intentan acceder, en el intento mueren 15 de ellos y varios resultan heridos. Además, 23 inmigrantes fueron expulsados mediante "las denominadas devoluciones en caliente". Según denunciaron los inmigrantes, los agentes de la Guardia Civil les dispararon pelotas de goma y gases lacrimógenos mientras se hallaban en el agua. Los agentes resultaron exculpados.
Los argumentos para dictar el sobreseimiento, ante el que cabe recurso, son que la juez considera que, "de lo actuado, no aparece debidamente justificada la perpetración de los diferentes delitos que han dado motivo a la formación de la causa", por lo que decreta el sobreseimiento libre de las actuaciones una vez "han sido cumplimentadas" las diligencias de instrucción cuya práctica fueron acordadas por medio de una providencia de fecha 30 de marzo de 2017.
Además señala que, "desde la reapertura de la causa, fuera de las diligencias de prueba anteriores, se reducen a dos las pruebas nuevas cuya práctica ha sido solicitada por las partes personadas".
Estas pruebas eran la declaración de un testigo presencial "por ostentar la regencia de un quiosco en las inmediaciones del lugar de los hechos, de cuyo testimonio se deduce que no observó ningún comportamiento por parte de los agentes de la Guardia Civil reprochable desde el punto de vista penal", y la declaración de otros dos testigos sobre los que "no consta que hayan pasado por territorio español en fechas relativamente recientes o cercanas al 6 de febrero de 2014".
En agosto de 2018 se volvió a abrir y actualmente dos testimonios de supervivientes están pendientes de declarar. Además, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha propuestao la declaración de un tercer testigo. Por otro lado, se ha pedido a Marruecos que presente los informes de las autopsias de nueve de los fallecidos.
