El PP incluyó en su programa electoral la reforma de la ley del aborto y aunque desde el primer momento se preveía que iba a ser un tema espinoso, nunca se atisbó tanta polémica como la surgida alrededor.
La reforma que defiende el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, establece una serie de requisitos para las mujeres que quieran abortar: deben recabar un informe firmado por dos médicos que acrediten que existe riesgo psíquico o físico si continúa con el embarazo. Además de escuchar a los Servicios Sociales que le informarán sobre alternativas a la interrupción y decidir si mantiene su decisión antes de siete días. Todo esto, deberá realizarse dentro de las 22 semanas que marca la ley.
Nada más conocerse el anteproyecto las voces críticas se hicieron escuchar. Parecía obvia la oposición de los socialistas hacia la reforma y también de otras formaciones políticas como UpyD o Izquierda Unida, lo que a priori no se esperaba era tanta disonancia dentro de las propias filas del PP.
Una de las primeras en mostrar su discrepancia con la ley fue Cristina Cifuentes. La delegada del Gobierno en Madrid se mostró más partidaria de una regulación de plazos que del anteproyecto presentado. Así pues, manifestó que no comparte la opinión mayoritaria de su parido sobre la reforma, aunque ha confesado que "es un tema muy complicado" y que debe aceptar la medida adoptada.
Tampoco en la Xunta de Galicia encuentra apoyo la reforma de la ley del aborto. El presidente autonómico Núñez Feijóo, planteó que "valía la pena mejorar" la actual propuesta para alcanzar "posturas más próximas" con el fin de que la ley salga aprobada con el mayor consenso posible.
"El aborto es un asunto político" dijo el presidente de Murcia que tampoco forma parte de los seguidores de Gallardón. Valcárcel echó mano del programa electoral y quiso recordar que "todos sabíamos lo que iba a hacer el partido al lograr mayoría la absoluta y al gobernar", aunque admite que bajo su punto de vista "es bueno que haya un diálogo", ante las numerosas discrepancias que están surgiendo al respecto.
En este punto de polémica Celia Villalobos echó más leña al fuego después de pedir a Mariano Rajoy libertad de voto cuando la reforma llegue al Parlamento.
Ante tanto revuelo, Rajoy pidió silencio en sus filas, pero Monago no estaba por la labor. Si Cifuentes fue de las primeras, el presidente extremeño ha sido el más crítico con la reforma de la Ley del aborto. Con la sentencia "nadie puede obligar a nadie a ser madre" comenzó a profundizar en la brecha ya abierta y llegó a presentar una propuesta para que el Gobierno central paralice la reforma.
Fue Alberto Fabra el que contestó a Monago. Ambos se enzarzaron dialécticamente. El presidente de la Comunidad Valenciana retó al de Extremadura a decir su opinión sobre el aborto en el Comité Ejecutivo Nacional y lo acusó de criticar la nueva ley para mantener su alianza de gobierno con Izquierda Unida en lugar de apoyar a su partido.
También Esperanza Aguirre se ha posicionado entre los partidarios de la reforma impulsada por el ministro de Justicia, ya que cree que es "necesaria" porque asegura "el aborto no es un derecho, sino un fracaso". La presidenta del PP matiza, eso sí, que el anteproyecto todavía está en fase de consultas.
Crítica con la actual ley de plazos se ha manifestado también Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón, que en la misma línea que Aguirre opina que "no es un derecho de la mujer", por lo que no entiende que sea ésta la que decida llevar a puerto su gestación o no.
Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León, ha abogado por que se escuchen "opiniones sensatas" sobre la reforma de la ley del aborto y ha subrayado que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre "el equilibrio" que debe existir entre el derecho a la vida, incluso del concebido pero no nacido, y el aborto en "situaciones que en ningún caso son fáciles ni de puro capricho".
