Según la enmienda de totalidad de la federación nacionalista, el cambio en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que pretende aprobar el PP persigue únicamente "dar un paso más en el proceso de recentralización del Estado para facilitar" que el Gobierno central pueda intervenir las comunidades.
"Establecer por ley que el acceso a los mecanismos de liquidez comporta acatar cualquier 'disposición' para la puesta en marcha de los mismos constituye un cheque en blanco de condiciones, lo que vulnera la autonomía financiera de las administraciones públicas y conlleva una enorme inseguridad jurídica", alega CiU.
Y es que, según el proyecto de modificación, el acceso a cualquier mecanismo de financiación que articule el Ejecutivo central "vendrá precedido de la aceptación de condiciones particulares en materia de seguimiento y remisión de información, y de aquellas otras condiciones que se determinen en las disposiciones o acuerdos que dispongan la puesta en marcha de los mecanismos, así como de la adopción de medidas de ajuste extraordinarias, en su caso, para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria, límites de deuda pública y obligaciones de pago a proveedores".
Además, también se obligará a comunidades y ayuntamientos en esta situación que acuerden con Hacienda un plan de ajuste y un calendario de aplicación, cuyo cumplimiento condicionará el desembolso por tramos de la ayuda financiera establecida. Estos plazos podrán ser prorrogados de forma extraordinaria por decisión de la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos "atendiendo a las dificultades de acceso a los mercados financieros u otras circunstancias socioeconómicas".
El Ministerio de Hacienda podrá también acordar el "sometimiento" de las comunidades a actuaciones de control por parte de la Intervención General del Estado con el contenido y alcance que ésta determine. Todo ello, con el objetivo de "garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las operaciones de endeudamiento, en función del riesgo que se derive de los informes de seguimiento de los planes de ajuste o del grado de cumplimiento de las condiciones".
