PP y Ciudadanos destacan de la sentencia contra Mas que "nadie está por encima de la ley" mientras que Podemos no la comparte

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha dicho, tras conocerse la condena de dos años de inhabilitación al expresidente catalán Artur Mas, que "la justicia pone a cada uno en su sitio", y ha añadido que en España "no se juzga a nadie por sus ideas políticas sino por incumplir la ley".

En rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP, Casado ha asegurado que "nadie está por encima de la ley y nadie puede intentar quebrar la convivencia entre los catalanes sin que al final el Estado de derecho funcione".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a dos años de inhabilitación a Artur Mas por un delito de desobediencia, al mantener la consulta independentista del 9-N, tras su suspensión por el Tribunal Constitucional. "Respetamos las decisiones judiciales, con absoluta moderación y prudencia, pero sí reivindicamos que en España las instituciones democráticas funcionan, la justicia se acaba abriendo paso y todos los españoles, especialmente los catalanes, pueden tener la certeza de que no va a existir la impunidad", ha destacado Casado.

En la misma línea el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dicho que la condena enseña que en los Estados de Derecho los políticos no están por encima de las leyes. Villegas ha hecho estas afirmaciones en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva Permanente del partido.

El secretario general de Cs ha expresado su respeto a la decisión judicial, de la que, en su opinión, se debe extraer una enseñanza que deben asumir todos los que se dedican a la política. Y es, según ha dicho, que los políticos no están por encima de las leyes ni de los tribunales. "Estamos para cumplir las leyes o en su caso para modificarlas, pero no para saltárnoslas", ha subrayado.

Sin embargo, desde Podemos, el secretario de Organización Pablo Echenique ha expresado su respeto a la sentencia pero ha dejado claro que no la comparte porque no cree que poner urnas deba ser delito.

Podemos rechaza que se "judicialice" la democracia: "No nos parece que poner urnas tenga que ser delito. Por supuesto que respetamos las sentencias judiciales, pero podemos no estar de acuerdo con su contenido", ha dicho Echenique.

El secretario de Organización de la formación morada ha abogado por depurar las responsabilidades de la antigua Convergència y sus dirigentes en los casos de corrupción en los que parecen estar "implicados", pero ha insistido en que no considera que "poner urnas" sea delictivo.

La CUP llama a desacatar la "sentencia política"

La CUP ha hecho un llamamiento a desacatar la "sentencia política" sobre la consulta soberanista del 9-N de 2014 manteniendo a la diputada Irene Rigau en su escaño, y considera "muerta" la vía del referendo pactado con el Estado, por lo que aboga por un "referéndum unilateral" lo antes posible.

"Estamos ante un Estado de derecho intervenido"

Desde la CUP, la diputada y presidenta de su grupo parlamentario, Mireia Boya, ha considerado en unas declaraciones hechas en los pasillos del Parlament que "el estado de excepción ya ha empezado. Estamos ante un Estado de derecho intervenido, como evidencia esta sentencia absolutamente vergonzosa y antidemocrática" "Esta sentencia -ha añadido-, no sólo va contra tres personas, sino contra los más de 2,3 millones de catalanes que votamos el 9-N, hoy nos han inhabilitado a todos", si bien "era previsible que esto ocurriera, porque conociendo cómo funciona el Estado español y sus poderes fácticos, o cómo está de politizada la justicia española, no esperábamos otra cosa que no fuese una sentencia condenatoria".

Sabiendo esto de antemano, ha añadido, "nos habría gustado que la defensa de los tres condenados hubiese sido mucho más firme, y que hubiera asumido la desobediencia, porque creemos que es la única forma de llegar a la independencia".

"La vía del referéndum pactado ha muerto, sólo queda convocar un referéndum unilateral"

Para la CUP, "de un Estado que emite este tipo de sentencias no se puede esperar ningún tipo de diálogo", y su conclusión es que "la vía del referéndum pactado hoy ha muerto, con lo cual sólo queda la vía de convocar un referéndum unilateral". "Es la única salida, y es la única por la que apuesta la CUP", ha puntualizado esta misma diputada antes de recordar que es también la que aprobó el Parlament el 9 de noviembre, por lo que instan a todas las fuerzas políticas "a que abandonen de forma definitiva el sueño irreal de que con el Estado español se puede dialogar y lograr un referéndum pactado".

"Hacemos un llamamiento a todos los demócratas para que este referéndum tire adelante de forma democrática y que se sumen a nosotros sin poner trabas, al contrario, que nos ayuden a buscar soluciones para que se pueda realizar", ha señalado Mireia Boya.

Esta misma diputada ha emplazado "a todos los grupos de la cámara a reafirmar la condición de diputada de (la exconsellera) Irene Rigau, que fue elegida democráticamente en las elecciones del 27-S", por lo que no entenderían "que abandone su escaño" para cumplir la sentencia del TSJC. "Le mostramos, en este sentido, -ha añadido- todo nuestro apoyo y solidaridad y le decimos que la CUP no acatará esta sentencia y que esperamos que el resto de grupos tampoco lo hagan".