Ciudadanos ha registrado este martes en el Congreso una proposición de ley de "garantía de la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas", en la que plantea que se puedan imponer penas de entre uno y dos años de prisión para quienes usen la fuerza para ocupar un inmueble.
En el texto de la iniciativa, Ciudadanos sostiene que la 'okupación' convierte en "víctimas" a los dueños ante "la escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los procedimientos judiciales", y que también afecta a los vecinos, que sufren el "deterioro de la convivencia", a veces incluso teniendo que ver cómo aparecen 'narcopisos'.
Asimismo, señala que las ocupaciones ilegales han experimentado "un elevado crecimiento" en España durante los últimos años y que es necesario poder tramitar procedimientos judiciales rápidos que permitan la recuperación inmediata de la propiedad ilegítimamente usurpada. De ahí que la formación naranja proponga modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos de allanamiento de morada previstos y los de usurpación se puedan someter a un procedimiento de enjuiciamiento rápido.
Endurecimiento de las penas
Respecto a los castigos contra la 'okupación', el Código Penal estipula que quienes "con violencia o intimidación en las personas" ocupen un inmueble o usurpen un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena pueden ser condenados a entre uno y dos años de cárcel. Lo que quiere Ciudadanos es que esta pena también se pueda imponer a quienes realicen la ocupación ilegal "con fuerza en las cosas".
Asimismo, Cs sugiere penas de prisión de seis meses a un año y multas de seis a doce meses -en vez de multas de tres a seis meses- contra aquellas personas que ocupen "sin justo título" un inmueble o se mantengan en ellos contra la voluntad de su titular. En el caso de que la finalidad sea utilizar el inmueble "para el desarrollo de otras actividades delictivas", el castigo que propone son penas de prisión de seis meses a un año y multas de seis a doce meses.
Por último, la proposición de ley prevé penas de cárcel de uno a dos años y multas de seis meses a un año para quien, "con lucro o con ánimo del mismo", medie o intervenga para que otra persona ocupe ilegalmente un inmueble, vivienda o local ajenos. Si quien cometiera el delito formase parte de un grupo u organización criminal, sería castigado además con entre dos y cuatro años de cárcel y con multa de seis meses a dos años o "del tanto al duplo del beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada".
Proteger a quienes sí cumplen la ley
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha explicado este martes que el objetivo de su partido es "proteger a los ciudadanos que cumplen la ley" y que no pueden acceder a una vivienda de su propiedad y "perseguir a los que la incumplen", es decir, a los que "ocupan un piso, lo destrozan y rompen la convivencia".
"Aquí estamos para defender el sentido común. Los que protegen a los delincuentes, que se lo expliquen a la inmensa mayoría de los españoles, gente de bien que paga impuestos" y que "tiene derecho a tener su vivienda y que no se la ocupe ningún narcotraficante, 'okupa' o mafia", ha manifestado ante su grupo parlamentario.
Papel de los ayuntamientos
La iniciativa registrada por el partido naranja también plantea que las comunidades de vecinos puedan entablar acciones de cesación contra los 'okupas' que atenten contra la seguridad y la convivencia, o pedir al Ayuntamiento que emprenda esas acciones. Además, Cs pretende modificar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para impedir que la ocupación ilegal de viviendas se utilice para la comisión de delitos de terrorismo, tráfico de drogas y trata de seres humanos. Así, cuando el inmueble no revista la condición de domicilio, el titular haya denunciado la ocupación y existan "indicios suficientes de la posibilidad de su utilización con fines delictivos", las fuerzas de seguridad podrán proceder a la "entrada, registro e identificación de los ocupantes".
Del mismo modo, quiere dar competencias a los Ayuntamientos frente a la ocupación ilegal de viviendas y locales. Cuando la "convivencia y seguridad ciudadanas" estén amenazadas, el Consistorio podrá entrar y registrar el inmueble e identificar a los ocupantes, requerir a los propietarios a que ejerzan acciones civiles y penales contra los 'okupas', informar a la Fiscalía de las conductas ilegales, imponer sanciones en determinados casos y adoptar medidas cautelares como controlar y ocupar los bienes necesarios para el uso de la vivienda.
Eso sí, Ciudadanos aclara que esto solo se aplicaría a inmuebles ocupados ilegalmente que no revistan la condición jurídica de domicilio -pues si lo fueran, se beneficiarían de la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio- y que las actuaciones de las fuerzas de seguridad y de los ayuntamientos habrán de ser decretadas por un juez o un tribunal.
En este apartado se incluye también la posibilidad de que, ante determinadas infracciones, los responsables puedan perder durante al menos un año el derecho a recibir cualquier ayuda por parte de las Administraciones Públicas.
Mayor protección para las personas desahuciadas
Las últimas disposiciones de la iniciativa buscan proteger a aquellas personas que, habiendo sido desalojadas de su vivienda por el impago de un préstamo hipotecario, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, ya que Ciudadanoss señala que a veces este es el caso de quienes ocupan ilegalmente un inmueble.
A través de una serie de cambios en la Ley de Medidas para Reforzar la Protección de los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social, se promueve el carácter permanente al fondo social de viviendas y se refuerza la protección de las viviendas incluidas en el mismo. Igualmente, se modifica la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local para que las diputaciones provinciales u otras entidades locales supramunicipales puedan atender a esas personas en situación vulnerable.
