La aplicación del 155 en Cataluña cumple seis meses con el mismo protagonismo que ha acompañado a esta medida desde que se puso en marcha el 27 de octubre del año pasado.
En pleno debate presupuestario, ha servido de justificación al PNV para mantener su oposición a la tramitación de los PGE hasta el último momento. Despejada ya esta duda, con la luz verde para que continúe el debate, la intención del Gobierno de Mariano Rajoy sigue siendo levantar la aplicación del 155 en cuanto haya un nuevo Ejecutivo en Cataluña, para lo que queda poco plazo, ya que el 22 de mayo es la fecha límite para realizar la investidura.
Si en el escaso mes que resta hasta entonces los independentistas no consiguen elegir un nuevo presidente de la Generalitat, el proceso iniciado con el 155 volvería a la casilla de salida: la celebración de elecciones, en este caso para el verano. Con Carles Puigdemont en Berlín, varios de los exconsellers en Bruselas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros exconsellers en la cárcel junto a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y las diputadas Anna Gabriel y Marta Rovira huidas en Suiza, los distintos procesos judiciales se suman al bloqueo político.
A la espera de la respuesta de la justicia alemana a la euroorden sobre Puigdemont para su extradición, se ha unido la polémica por la petición que el juez Pablo Llarena ha remitido al propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que justifique su afirmación de que no se destinó ni un euro de dinero público a la celebración del referéndum ilegal del 1-O.
En la vertiente política, los partidos independentistas se afanan estos días por encontrar la fórmula para una nueva investidura que aún no cuenta con candidato, aunque se mantiene el proyecto de investir a distancia a Puigdemont, tras los intentos fallidos primero con el expresidente de ANC Jordi Sánchez y después con el exconseller Jordi Turull.
Una vez que la Mesa del Parlament ha admitido la delegación de voto de Puigdemont y Antoni Comín, huidos de la justicia española en Alemania y Bélgica, sus respectivos grupos de Junts per Catalunyay ERC cuentan con los 66 diputados necesarios para aprobar una investidura en segunda votación.
Y en la calle, la tensión sigue creciendo con las actuaciones de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), para una de cuyas activistas detenida se llegó a pedir prisión por los delitos de terrorismo y rebelión, antes de su liberación.
A esto se suman los escraches y amenazas contra dirigentes de partidos no independentistas y la polémica con los lazos amarillos y las camisetas de ese mismo color incautadas a la entrada del partido de la Copa del Rey, entre el FC Barcelona y Sevilla, el pasado sábado.
El presidente Mariano Rajoy ha insistido esta semana en que la prioridad para Cataluña debe ser la formación de un gobierno que cumpla la ley y ha recordado que esto implicará el final de la aplicación del artículo 155.
Mientras, el pleno del Parlament ha aprobado el decreto ley para la recuperación de una parte de la paga extra de los funcionarios de la Generalitat de 2012 y el decreto de necesidades del sector público en prórroga presupuestaria, adoptados por el Gobierno español al amparo del 155.
En el día a día, la gestión de la Generalitat, en manos del Gobierno central, una competencia asumida por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha quedado en manos del secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, y el delegado del Gobierno, Enric Millo. Bermúdez de Castro ha reiterado, en su última comparecencia en el Congreso, que la aplicación del 155 en Cataluña se está haciendo "de una manera exquisita" y "nadie puede decir que se ha arrasado con nada".
Durante estos seis meses, se han celebrado 25 reuniones extraordinarias del Consejo de Ministros para aprobar medidas al amparo de este artículo, en las que se han aprobado unos 225 acuerdos sobre Cataluña, entre ellos algún decreto ley o real decreto, en su mayoría correspondientes al Ministerio de Hacienda.
En la última de estas reuniones, la semana pasada, el Gobierno acordó el cese de la directora de Relaciones Exteriores de la Generalitat, Marina Borrell, así como del director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, Agustí Colomines, que se sumaron al de otros 260 cargos destituidos.
Además, el desmantelamiento de la llamada estructura de Estado con la que se estaba preparando la secesión se ha completado con el cierre del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), el organismo encargado de las relaciones en el extranjero de la Generalitat, el pasado 13 de abril.
