La mujer que quiera abortar deberá recabar un informe firmado por dos médicos acreditando que existe riesgo psíquico o físico si continúa con el embarazo, escuchar a los Servicios Sociales que le informarán sobre alternativas a la interrupción y decidir si mantiene su decisión antes de 7 días. El anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de las mujeres embarazadas introduce la obligación de recabar distintas certificaciones de profesionales médicos y de asistencia social, antes de proceder a la interrupción voluntaria del aborto, que deberá ser dentro de las 22 semanas que marca la ley. En el caso de violación, las mujeres podrán abortar en las 12 primeras semanas.
En esos dos supuestos que contempla la ley para poder interrumpir el embarazo se deberá proporcionar, con anterioridad al aborto y con carácter preceptivo, "asesoramiento orientado a resolver los conflictos originados por el embarazo e información clínica sobre los posibles riesgos y secuelas de la intervención", explica el anteproyecto. Tras la acreditación de haber recibido estos servicios, que en el caso de los médicos que confirman el riesgo para la salud de la madre deben ser distintos del que practique el aborto, a partir de ese momento, la mujer debe decidir en un plazo de siete días si sigue adelante con su idea de abortar y firmar un documento de consentimiento.
La intervención quirúrgica del aborto está incluida dentro de la cartera común básica del Sistema Nacional de Salud y la mujer podrá elegir a los médicos especialistas para que constaten que su salud corre peligro.
Respecto a las menores, en el caso de las jóvenes de entre 16 y 18 años, no emancipadas, será preciso el consentimiento de ella y el asentimiento de los padres o tutores, y si fuera menor de 16 años, además de su manifestación de voluntad, se precisará el consentimiento expreso de los padres. Cuando se desaconseje la consulta a los padres o tutores o en casos de discrepancia entre ellos o con la menor, será un juez el que resolverá en quince días, incluido el recurso.
"En casos de urgencia por peligro vital para la gestante, podrá prescindirse del informe, asesoramiento, información y consentimiento expreso de la embarazada si no estuviera en condiciones de prestarlo, pudiendo el médico consultar, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o personas vinculadas a ella", explica el anteproyecto.
Esta reforma de la ley del aborto ha provocado el rechazo del PSOE, IU y numerosos colectivos porque ven una "involución" de 30 años sin ninguna justificación, mientras que las asociaciones provida creen que se ha dado un paso adelante en la defensa de la vida. Tres personas fueron detenidas este viernes por la noche durante la concentración de medio millar de personas ante el Ministerio de Justicia contra el anteproyecto de reforma de la ley del aborto. Fuentes policiales han informado de que los motivos de las tres detenciones han sido por resistencia, desobediencia y atentado a un agente de la autoridad, procediendo el traslado de los tres a la Brigada Provincial de Información.
La plataforma 'Nosotras decidimos' convocó esta protesta, precedida de otras concentraciones a lo largo del día para pedir la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y la retirada de este anteproyecto. La movilización contó con la presencia de representantes del PSOE e IU, quienes aseguraron que "recurrirán al Tribunal Constitucional si es necesario" para "garantizar el derecho de las mujeres a decidir".
Entre los colectivos presentes en la manifestación, unidos al grito de "El PP quiere abortos clandestinos", se encontraba la Plataforma de Mujeres en la Diversidad, cuya presidenta, Elena de León, manifestó se concentraba ante el Ministerio "porque las mujeres estamos hartas de que nos digan lo que tenemos que hacer"· El movimiento 15-M también se sumó a la protesta.
