La delegación de Covite está compuesta por la presidenta de este colectivo, Consuelo Ordóñez, por Josu Puelles, hermano del policía nacional asesinado por ETA Eduardo Puelles, y los padres de Silvia Martínez, la niña asesinada en agosto de 2002 cuando tenía 6 años. Todos ellos van a entregar hoy lunes por la mañana en la oficina del fiscal un extenso escrito jurídico en el que justifican que las once personas que señalan han sido destacados dirigentes de "la organización ETA-Batasuna" a partir del 1 de junio de 2002, fecha en que España ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Los once acusados por Covite son los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Pernando Barrena, así como los integrantes de la banda terrorista José Antonio Urritikoetxea "Josu Ternera", José Luis Eciolaza "Dienteputo", Tomás Elorriaga "Teo", Juan Cruz Maiztegui "Pastor", Eusebio Arzallus, Rafael Santiago Azcolain, Iratxe Sorzabal y David Plá. Covite explica que todos ellos propiciaron la comisión de "crímenes de lesa humanidad" que no han prescrito y que consistieron en un "ataque sistemático contra la población civil" sin que hubiera "un conflicto armado" puesto que "nunca intervinieron las fuerzas armadas" en este ataque, dado que la Guardia Civil sólo se considera como tal cuando cumple misiones de carácter militar. Justifica que la "rama política" de ETA, es decir Batasuna, planificó estos crímenes en una estrategia que denominó "socialización del sufrimiento".
Recuerda que desde junio de 2002 ETA perpetró 292 "asesinatos selectivos", más de "40.000 personas al año fueron víctimas de persecución", y casi otras "200.000 personas tuvieron que abandonar Euskadi" por esta situación, es decir "aproximadamente el 10 % de la población" vasca. El texto entregado en la Fiscalía señala que "estos actos contra los derechos humanos también pudieran constituir un delito de genocidio al haber sido perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o racial".
Respecto a los tres dirigentes de Batasuna asegura que desde junio de 2002 "han seguido desempeñando una constante labor de reparto funcional de tareas y en coordinación (más bien subordinación) con la banda terrorista ETA". Covite recalca que hasta ahora "no se ha investigado ni perseguido a los más altos responsables" de ETA ni a los "ideólogos" de la banda, ya que la mayor parte de las veces las investigaciones se han limitado a la búsqueda de los autores materiales de atentados concretos, "como si de hechos aislados se tratara", y ninguno de los once dirigentes acusados en este escrito han sido enjuiciados por crímenes de lesa humanidad.
