El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha ordenado la realización de un inventario de los objetos que tiene el Pazo de Meirás en el que se incluya la totalidad de los bienes existentes por lo que, mientras dure este proceso, la familia Franco no podrá trasladar ni retirar ninguna pieza, tanto del interior como del exterior del inmueble.
Dos patrullas de la Guardia Civil vigilan el acceso al Pazo de Meirás para evitar que los herederos del dictador Francisco Franco pudiesen retirar alguno de los bienes del interior. El registro se lleva a cabo con la colaboración de los técnicos de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia y se realizará bajo supervisión de la comitiva judicial.
La magistrada ha recordado que el pazo de Meirás fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 2008, por lo que "goza de una protección integral", que, tal y como advierte el Estado, "se extiende a todos sus elementos y componentes".
La jornada se prevé larga incluso podría ampliarse a un plazo de varios días debido a que el patrimonio es muy extenso; caben destacar dos esculturas del Maestro Mateo que pertenecen al Pórtico de la Gloria y que están declaradas bien de interés cultural desde el año 2019. También de especial relevancia son los casi 3.000 ejemplares de la biblioteca Emilia Pardo Bazán que en estos momentos se encuentran a la espera de ser declarados BIC.
Además se sabe que existe en el interior gran cantidad de cuadros, tapices, imágenes y dos pías medievales.
El 10 de diciembre, la familia Franco ha de devolver el Pazo de Meirás
Un juzgado de A Coruña ha acordado, a instancias del Estado, que la familia Franco devuelva el pazo de Meirás el próximo 10 de diciembre a las 11:00 horas. Si no realizan la entrega en el día y hora señalados, la jueza avisa de que "se procederá en el mismo acto al inmediato desalojo".
La sentencia declara la nulidad de la donación efectuada en 1938 de "la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde". Dice la sentencia que la supuesta contraventa realizada en el año 1941 fue una "ficción" llevada a cabo "solo con el objeto de poner el bien a su nombre". Por ello, les obliga a devolverla sin recibir indemnización alguna por los gastos en los que los herederos del dictador aseguran haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.
