El juicio comienza un año después de que el titular del Juzgado de lo Penal 10 suspendiera 'sine die' el juicio contra los 45 acusados entre los que se encuentra el superintendente de la Policía Local, Juan José García, para quien la Fiscalía reclama 13 años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por dos delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos y de prevaricación, al igual que para los otros miembros del tribunal de las oposiciones y un funcionario del Ayuntamiento.
De los 45 imputados, 37 son agentes del Cuerpo, la mayoría con vínculos familiares directos con mandos policiales destacados. Por su parte, el Ministerio Público pide para los agentes locales que aprobaron estas oposiciones investigadas una multa de 100.000 euros, con un año de responsabilidad personal en caso de impago, y cuatro años de inhabilitación. Asimismo solicita que se declaren nulas de pleno derecho las oposiciones para los procesados y que el Ayuntamiento de Sevilla sea declarado responsable civil subsidiario a efectos de las consecuencias administrativas y económicas que ello acarree.
El juicio dará comienzo este martes y durante las sesiones fijadas para el mes de septiembre --días 11, 13, 14, 20 y 21-- las partes plantearán las cuestiones previas, estando previsto el inicio de las declaraciones de los acusados para el día 2 de octubre, comenzando por el superintendente de la Policía Local.
En 2012 se convocaron dos oposiciones para cubrir 47 y 56 vacantes en cada proceso. Según la Fiscalía, en la primera convocatoria se llegó a filtrar el caso práctico a 19 aspirantes, precisando que "las bases de la convocatoria ordenan taxativamente a los miembros del Tribunal elaborar el caso práctico y la plantilla de corrección el mismo día del examen e inmediatamente antes de éste". Sin embargo, en esta ocasión, señala el Ministerio Público, se hizo días antes. En cuanto a la segunda convocatoria, a 16 opositores les facilitaron las respuestas de 80 preguntas del cuestionario tipo test.
La Fiscalía señala que la plantilla de corrección inicial "filtrada" a los aspirantes seleccionados "contenía varias erratas", de manera que "los aspirantes beneficiados con la filtración de la plantilla de corrección copiaron todas estas erratas y algunas otras peculiaridades que contenía esta plantilla en sus respuestas al supuesto práctico, así como otras que contenía la plantilla complementaria elaborada".
"Para garantizar la opacidad absoluta en el proceso, todos los componentes del Tribunal decidieron que la lectura del ejercicio del caso práctico no se llevara a cabo por el aspirante en lectura y audiencia pública, sino por ellos mismos a puerta cerrada", asevera el fiscal, que sostiene que, tras la realización de las pruebas y "conociendo la manifiesta injusticia de la resolución", el superintendente y varios miembros del Tribunal firmaron el acta y resolución finales declarando superada la prueba y aptos a los 17 aspirantes mencionados. Entre los opositores beneficiados por la "filtración" figura el hijo del delegado y responsable de ventas de una empresa suministra ropa a la Policía Local de Sevilla, "beneficiaria de la adjudicación de diversos contratos para el suministro de vestuario" para la Policía Local de Sevilla de 2007 a 2013.
El fiscal asevera que a la oposición "concurrían determinados aspirantes a los que, por razones de vínculos de amistad, familiares o sindicales, había intención premeditada de favorecer y de aprobar" por parte del superintendente "con independencia de sus méritos y aún cuando dicha resolución fuera injusta".
Según el Ministerio Público, y en lo que se refiere al tercer ejercicio de esta convocatoria, "que era el único en el que podían favorecer a los opositores seleccionados", el superintendente y otro acusado "idearon una filtración selectiva dirigida únicamente a aquellos opositores aspirantes a los que tenían intención de favorecer", de forma que "revelaron con antelación al examen 80 respuestas del cuestionario tipo test" a 16 opositores.
