El primer juicio del caso Mercasevilla, el sumario que provocó las investigaciones sobre los ERES fraudulentos, ha comenzado en Sevilla. Cuatro personas se sientan en el banquillo de los acusados. Entre ellos, el exdirector general de Mercasevilla o el exdelegado provincial de la consejería de Empleo en Sevilla. Están acusados de pedir una comisión de 450.000 euros a dos empresarios para adjudicarles la escuela de hostelería de Mercasevilla.
En sus alegaciones al jurado, el fiscal anticorrupción ha afirmado que se trató de una "conducta reprobable" pues pidieron "una comisión, mordida o dádiva por hacer algo que estaba dentro de sus funciones" y "para obtener un beneficio ilícito". Tanto la Fiscalía como las acusaciones han comenzado recordando que todos los tribunales que han visto este caso han confirmado que los procesados eran funcionarios y la legalidad de la grabación en que se recoge que su petición de dinero a dos empresarios.
Pese a ello, José Manuel Carrión, defensor del exgerente del mercado central de Sevilla Fernando Mellet, ha anunciado al jurado que su cliente se acogerá este martes a su derecho a no declarar "no para escurrir el bulto, sino en defensa de su derecho a la intimidad y a no declararse culpable".
La grabación en la que presuntamente Mellet y su adjunto Daniel Ponde pidieron en enero de 2009 una comisión ilegal de 450.000 euros al Grupo La Raza, como condición para adjudicarles la Escuela de Hostelería de Mercasevilla, se hizo "en su propio despacho profesional, de manera subrepticia", con una grabadora oculta y sin garantía judicial, según el letrado. Por ello, ha asegurado que la cinta que se escuchará este martes "no sirve como prueba", y Mellet no declarará "para proteger sus derechos fundamentales" pese a que "tiene muchas ganas de contestar".
Mellet y Ponce, según esa grabación, pidieron una "colaboración voluntaria con la Junta de Andalucía" y prometieron que, a cambio, el Grupo La Raza "obtendría favores, tales como más subvenciones para futuros cursos y la concesión de todos los catering que se organizaran". "La Junta colabora con quien colabora" y "la Junta nos dice que esto es para niños saharauis y yo me tengo que creer que es para niños saharauis, aunque después sea para carteles de Felipe González", dicen presuntamente los imputados.
Carrión ha asegurado que su cliente "pide amparo al jurado" en defensa de sus derechos porque la entrevista "solo preparaba un negocio" pero ha sido sacada de contexto en un caso que "tiene raíces políticas muy profundas" al ejercer la acusación particular Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla y presidente del PP andaluz.
Luis García Navarro, abogado de la acusación particular del PP, ha resaltado que la comisión ilegal se pidió en nombre de un alto dirigente de la Junta, en deferencia al acusado Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla. Además, ha recordado que el caso que ahora se enjuicia fue el germen de la investigación sobre los ERE falsos, convertido en "el mayor caso de corrupción que se ha visto en Andalucía en los últimos años".
También ha dicho al jurado que en este juicio está citado como testigo el "conseguidor" Juan Lanzas, intermediario en los ERE que se puso a sí mismo, a su esposa y su cuñada como beneficiarios en Expedientes de Regulación de Empleo de empresas donde nunca habían trabajado.
Todos los acusados han comenzado el juicio proclamando su inocencia, y Antonio Rivas ha afirmado: "Soy totalmente inocente, como vengo manifestando desde el primer día".
