Oriol Junqueras, Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Raul Romeva no han tenido ningún tipo de problema con el resto de reclusos. Los seis consejeros varones encarcelados en la prisión de Estremera están distribuidos de dos en dos en diferentes celdas de diferentes módulos, por tanto solamente pueden verse todos cuando reciben la visita de sus abogados.
Hacen deporte y permanecen al tanto de la actualidad política a través de los periódicos y de la televisión. Para estar más informados han pedido un televisor para su celda, que cuesta unos 270 euros.
A las ocho de la mañana comienzan su rutina, tras el desayuno, con distintas actividades. A Junqueras y Forn se les ha visto jugar al baloncesto.
Oriol Junqueras ha alegado ante la juez que su encarcelamiento lesiona su derecho y el de los ciudadanos "a la participación política" en las
elecciones del 21D y le ha recordado que el Govern no ha emprendido "ningún acto ejecutivo" desde su cese.
Andreu Van Den Eynde, abogado de Junqueras y de los exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa, ha presentadoun recurso de reforma contra su ingreso en prisión preventiva, ante la propia magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que el pasado jueves los envió a la cárcel en la causa en que los investiga por los delitos de rebelión o sedición y malversación.
En sus recursos, el letrado rebate los argumentos de riesgo de fuga, reiteración delictiva y ocultación de pruebas en que se basó la magistrada para dictar prisión y arremete contra la querella que la Fiscalía presentó contra ellos, que según el abogado no es más que una "curiosa interpretación novelada de lo sucedido en Cataluña en los dos últimos años".
Por ese motivo, la defensa de los exconsellers también ha recurrido la decisión de la juez de admitir a trámite la querella de la Fiscalía, así como la fianza de 6,2 millones de euros que la magistrada fijó a los miembros del Govern cesados, que la defensa cree es "prematura" e infundada, porque no hay prueba de que se gastara esa cifra en la celebración del referéndum.
Para el abogado, el ingreso en prisión de los exconsellers es "desproporcionado" y puede provocar un "daño reputacional" sobre ellos en vísperas del 21-D, además de "afectar los principios que inspiran todo proceso electoral".
