Las comunidades podrán recurrir al Supremo sobre las restricciones tras el fin del estado de alarma

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto que permitirá a los gobiernos autonómicos acudir al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre los recursos judiciales en torno a las restricciones de movilidad que se puedan interponer cuando finalice el estado de alarmael 9 de mayo, por presunta vulneración de derechos fundamentales.

El decreto aprobado también extenderá algunas medidas de carácter social más allá del estado de alarma que acaba el próximo domingo, entre ellas lamoratoria del alquiler y la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables.

Con el nuevo decreto ley los gobiernos autonómicos podrán recurrir al Supremo si el tribunal superior de justicia de su comunidad anula alguna de las restricciones que impongan para frenar el coronavirus tras el fin del estado de alarma.

Objetivo: evitar criterios dispares

Con esta medida el Ejecutivo intenta evitar disparidad de criterios jurídicos entre territorios ya que habilita a los gobiernos autonómicos a presentar un recurso de casación ante el Supremo, que podría sentar jurisprudencia.

Con el fin del estado de alarma, las medidas que impliquen limitar derechos necesitan de aval judicial. Otras de las medidas que se prolongarán a partir del 9 de mayo será el las vinculadas a controlar los pasajeros internacionales.

También se extiende la posibilidad de cobrar la jubilación y seguir ejerciendo la medicina o la enfermería para la gestión del coronavirus, así como mantener la suspensión de las reuniones de las juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre de este año.

El decreto también mantiene la garantía de suministro de agua y energía hasta el 9 de agosto y la aplicación del bono social. La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha estado acompañada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

"El día 9 salimos del estado de alarma pero no salimos por desgracia de la lucha contra la pandemia. La pandemia continúa y tenemos que seguir trabajando con los elementos jurídicos que el modelo constitucional nos aporta", ha señalado la vicepresidenta del Gobierno.

Así ha explicado el fin del estado de alarma: "El Gobierno asumió hace ya más de un año un estado de alarma muy riguroso. Ahora consideramos como otros países del entorno y con los datos que tenemos hay que transitar hacia otros escenarios donde la lucha contra la pandemia continúa con otras condiciones".

Calvo asegura que la Ley sanitaria dota a las comunidades de instrumentos para dar respuestas a la casuística que se nos pueda presentar: "Pueden plantear limitación de derechos fundamentales y libertades públicas. Se pueden seguir tomando muchas decisiones de protección con la autorización jurisdiccional correspondiente".

Se podrá seguir contando con médicos jubilados

"Este decreto ley tiene medidas sociales, económicas y novedades jurisdiccionales que nos coloca en un paraguas de protección que otorgamos al Tribunal Supremo de nuestro país. Los gobiernos autonómicos pueden seguir planteando medidas importantes contra la pandemia", señala.

Se podrá seguir contando con médicos jubilados "con la compatibilidad absoluta con sus pensiones": "Han hecho un trabajo de ayuda extraordinario y que puede continuar". Asimismo, se podrá "disponer de los recursos económicos del pacto de Estado contra la violencia de género para seguir protegiendo a las mujeres y a los menores objeto de la violencia machista".

Se extienden las medidas sociales

En el apartado de medidas sociales, el Consejo ampliará tres meses más las políticas de moratoria de alquiler y suspensión de desahucios de colectivos vulnerables. "El bono social, la posibilidad en materia de vivienda de todas las medidas protectoras, en materia energética... Hemos ido observando los 9 ministerios que suscribimos este decreto ley todas y cada una de las situaciones que requerían soporte legal para poder extenderse 3 meses más", ha explicado Calvo.

La suspensión estaba vigente hasta el 9 de mayo, jornada en la que acabará el estado de alarma, y, con su decisión, el Gobierno la amplía hasta el 9 de agosto.

Fue el propio presidente del Gobierno quien en su comparecencia del pasado 14 de abril ante el pleno del Congreso para informar de la evolución del estado de alarma anunció esa ampliación de tres meses que se va a hacer efectiva ahora.

En concreto, según explicó en esa comparecencia, se ampliará la posibilidad de solicitar moratoria o condonación parcial de la renta de alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública, así como los contratos que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses en los mismos términos que se venía haciendo.

También se ampliará tres meses la suspensión de desahucios y lanzamientos de arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos aspectos de hogares afectados por lanzamiento de su vivienda habitual que no se deriven de contratos de arrendamientos en casos de dependientes, menores o víctimas de violencia contra la mujer previa valoración del juez.

Medalla al Mérito Civil a los periodistas asesinados

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