La concejala de la CUP en Barcelona Maria Rovira se ha ratificado ante el juez en que los Mossos d'Esquadra "ejecutaron extrajudicialmente" a los terroristas que atentaron el pasado mes de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona). "Lo que decimos es que en el marco de la operación que tuvo lugar fruto de los atentados del 17 de agosto hubo siete ejecuciones extrajudiciales. Estos jóvenes no fueron detenidos, fueron abatidos, y estos siete jóvenes no tuvieron derecho a un juicio, que es lo que defendemos para el conjunto de vecinas", ha señalado Rovira, tras declarar ante el Juzgado de instrucción número 29 de Barcelona.
Varios sindicatos policiales denunciaron a Rovira por un presunto delito de injurias y calumnias después de que hiciera unas declaraciones similares durante el pleno del mes de septiembre del Ayuntamiento de Barcelona.
"La declaración es surrealista. Oír hablar de los mossos que solventaron el atentado como fuerzas ejecutoras de jóvenes sin juicio resulta auténticamente delirante", ha apuntado el abogado José María Fuster Fabra, que representa al Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), a la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) y al Sindicato de Agentes de la Policía Local. Además de las críticas a los Mossos d'Esquadra, en la sesión plenaria del mes de septiembre la concejal también arremetió contra la Guardia Urbana, a la que calificó de "brazo ejecutor del racismo institucional".
En este sentido, Rovira ha explicado que en su declaración ha aportado el "contexto" que justifica estas críticas, que es el maltrato a los "manteros" y la "arbitrariedad" en identificaciones, máximas que se ven respaldadas por informes de entidades sociales como SOS Racismo.
"Hemos vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de que pueda haber un debate abierto sobre qué modelo policial tenemos, qué son los cuerpos policiales, qué es el racismo institucional y quiénes son sus ejecutores", ha recalcado.
Rovira solamente ha respondido a las preguntas del juez y a las de su abogado, David Aranda, que ha considerado "extraño" que se lleve a declarar a una persona por las manifestaciones hechas por un cargo electo "dentro del consistorio". En los próximos días se decidirá si se archiva la denuncia o si se continúa con la instrucción por delitos de injurias y calumnias contra los cuerpos de seguridad.
