'La Manada'
Un condenado de 'la Manada' pide rebajar su pena de 15 a 13 años y 9 meses amparado en la ley del 'solo sí es sí'
El acusado ha solicitado la reducción de su condena tras la entrada en vigor de la nueva ley del 'solo sí es sí'.
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Ya ha llegado la solicitud de uno de los condenados de 'la Manada' en los Sanfermines de 2016 para reducir su sentencia. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra se trata de Ángel Boza, que ha pedido una rebaja de 15 años a 13 años y 9 meses.
La semana pasada su abogado, Agustín Martínez, confirmó que estaba trabajando en un recurso para solicitar una revisión a la baja de la pena para su representado. El letrado aseguró entonces que "habiéndose modificado el mínimo penal", en el marco de la ley del 'solo sí es sí', era "perfectamente posible" reducir la condena de Boza.
En este sentido, Martínez cargó contra la ministra de Igualdad y afirmó que con el cambio legislativo "lo que hay es una mala ley". Una norma, a su juicio, "basada exclusivamente en la propaganda y que ha intentado engañar a la población, vendiéndose como que era una reforma muy positiva centrándose en el elemento del consentimiento cuando el consentimiento es el elemento primario que existía en el Código Penal anterior".
Más revisiones de condenas
El goteo de peticiones para revisar las condenas también se ha producido en el caso de la manada de Callosa d’en Sarrià. Uno de los acusados de la violación múltiple se ha acogido a la nueva ley de Libertad Sexual para reclamar a la Audiencia de Alicante su excarcelación. Otro de ellos lo solicitará en los próximos días.
Sobre el asunto se ha pronunciado el abogado de la víctima, Francisco González, quien ha lamentando que "una ley que precisamente se hizo para perseguir agresiones sexuales como esta vaya a servir para reducir las penas a los acusados".
Las víctimas lamentan que se acorten las condenas para los agresores. Es algo, dicen, que vuelve a reabrir puertas que estaban cerradas y que perturba la paz y tranquilidad que tenían. Sin embargo, el ala morada del Gobierno sigue defendiendo que el fallo no está en la estructura de la norma sino en su ejecución. "Es un problema de aplicación e interpretación".
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