La Audiencia de Sevilla ha condenado al expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán a seis años de cárcel por un delito de malversación y a 15 años de inhabilitación por otro de prevaricación en el caso ERE, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
La Audiencia de Sevilla ha condenado a la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación en el caso de los ERE.
La exviceconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo ha sido condenada este martes por la Audiencia de Sevilla a diez años de inhabilitación como autora de un delito continuado de prevaricación y ha sido absuelta del delito de malversación, por el que el fiscal pedía seis años de cárcel.
Por su parte, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día, mientras que los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) han sido condenados a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día. La Fiscalía Anticorrupción pedía para los tres ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
El exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta. Juan Márquez, también exdirector general de Trabajo, ha sido condenado a 7 años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta. La Fiscalía Anticorrupción les pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
El exinterventor, absuelto
El exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha sido absuelto este martes por la Audiencia de Sevilla de los delitos continuados de prevaricación y malversación por los que fue juzgado en el caso de los ERE y por los que la Fiscalía le pedía seis años de cárcel y 30 de inhabilitación.
El exinterventor general de la administración autonómica alertó en su día de irregularidades en las ayudas de los ERE, si bien para el fiscal y la acusación del PP-A no fueron lo suficientemente contundentes para exculparlo por haber cumplido con su deber, y solo Manos Limpias retiró toda acusación contra él.
