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POR UN DELITO DE MALVERSACIÓN
Condenan a seis meses de cárcel a un funcionario del Ayuntamiento de Terrassa por pagar 63 euros de gasolina con la tarjeta municipal
El funcionario efectuó dos repostajes en vehículos de su propiedad y para uso privado por un importe total de 63,14 euros utilizando tarjetas del consistorio. La Audiencia Nacional ha tenido en cuenta la "modesta cantidad" económica, por lo que le aplica la pena mínima de delitos de malversación.
La Audiencia de Barcelona ha condenado a seis meses de cárcel, a una multa de 384 euros y a un mes de empleo y sueldo a un funcionario del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) que pagó con una tarjeta del consistorio 63,14 euros de dos repostajes de gasolina para sus vehículos particulares.
En la sentencia, que se puede recurrir, la Audiencia de Barcelona ratifica el veredicto de un jurado popular y condena al funcionario de carrera Juan José Caballero Roldán, responsable de facturación y almacén del Servicio de Gestión del Espacio Público del consistorio de Terrassa entre 2012 y 2014, por un delito de malversación de caudales públicos.
El jurado popular consideró probado que el acusado, a quien se le ha aplicado la atenuante de reparación del daño -porque ya ha devuelto los 63,14 euros-, efectuó los días 12 y 23 de diciembre de 2014 dos repostajes en vehículos de su propiedad, para su uso privado, por un importe conjunto de 63,14 euros (38,14 el primero y 25 el segundo), en gasolineras de Terrassa, utilizando tarjetas del consistorio.
Según la sentencia, el acusado utilizó, con el "ánimo de enriquecimiento injusto", la tarjeta de la que era titular el Ayuntamiento de Terrassa, que estaba a disposición de sus funcionarios con la finalidad exclusiva de que con ellas se abonase la gasolina de los vehículos de titularidad municipal.
A la hora de imponer la condena, la Audiencia tiene en consideración la "modesta cantidad" económica a la que ascendió la malversación y también que el jurado popular informó favorablemente tanto sobre la suspensión de la condena como a un posible indulto, por lo que le aplica la pena mínima del delito de malversación.
En concreto, el funcionario ha sido condenado a seis meses y un día de cárcel, a una multa de 384 euros y a la suspensión de empleo o cargo público durante un mes, así como a la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, así como a las costas del proceso judicial.
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