El Consejo de Ministros propone el nombramiento de Dolores Delgado tras la decisión del CGPJ

El Consejo de Ministros propondrá el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado en sustitución de María José Segarra, algo que tendrá que someterse a examen del Congreso de los Diputados.

Dolores Delgado, que fue ministra de Justicia en la pasada legislatura, es la tercera mujer que ocupa el cargo de fiscal general del Estado.

Experta en terrorismo como fiscal de la Audiencia Nacional durante casi un cuarto de siglo comenzó su andadura en la política con el escándalo de las grabaciones que había hecho el comisario José Manuel Villarejo. El pleno del Congreso de los Diputados llegó a reprobar hasta en tres ocasiones a la ministra precisamente por el contenido de los audios con Villarejo. La última de ellas, votada en noviembre de 2018 -fue impulsada por el PP y apoyada por Ciudadanos, UPN y Foro Asturias- salió adelante pese a la oposición de PSOE, Podemos, PDeCAT y Compromís. ERC permitió que la iniciativa saliera adelante absteniéndose.

Previamente, el Parlamento ya la había reprobado el 9 de octubre del mismo año también a instancias del PP y también fue reprobada en el Senado.

Los populares, por su parte, la acusaron de no respaldar al instructor del 'procés', Pablo Llarena, cuando fue demandado por Puigdemont y de imponer a la Abogacía del Estado la acusación por sedición a los líderes del 1-O en el juicio que se desarrolló en el Tribunal Supremo. Estas presiones acabaron con la destitución del abogado del Estado responsable de la acusación del Gobierno en la causa del 'procés', Edmundo Bal, que defendía partidario de acusar de rebelión en línea con la Fiscalía.

A finales de septiembre, el Pleno del Senado reprobó a Delgado por considerar que la titular de Justicia no había defendido al juez Pablo Llarena. El Gobierno considera que Delgado se equivocó al nombrar a Segarra a la que consideran tibia a la hora tomar decisiones y le achacaban falta de dirección incluso cuando las posiciones de la Fiscalía tenían sesgos conservadores prejudiciales para el Ejecutivo. Ese fue el caso, por ejemplo, del máster de Pablo Casado, que el Tribunal Supremo decidió no investigar después de que la Fiscalía defendiera que no había datos que avalaran que lo había conseguido de manera fraudulenta.

El nombramiento de Delgado se interpreta como una corrección de esa situación y un mensaje claro de la voluntad del Ejecutivo de dar un giro progresista a la actuación de la fiscalía general del Estado.