El Gobierno consigue los apoyos en el Congreso para prorrogar el 'escudo social' hasta el 31 de octubre

El Gobierno ha logrado este lunes los apoyos necesarios para convalidar en el Congreso el decreto aprobado el pasado de agosto para prorrogar hasta el 31 de octubre el denominado 'escudo social', que incluye, entre otras, medidas como la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de cortes de luz, agua y gas.

De esta forma, se ha dado luz verde a la convalidación de este real decreto sobre medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica que garantiza, durante la epidemia por la Covid, la luz y la vivienda a los más vulnerables.

Durante el debate de convalidación, la mayoría de grupos han avanzado su apoyo a estas medidas que están vigentes desde su aprobación pera aún necesitaban el refrendo de la Cámara. Eso sí, casi todos han tildado el decreto de "parche" y han exigido al Gobierno reformas estructurales en materia energética o de vivienda.

Vox y ciudadanos, en contra

Sólo han adelantado su voto en contra Vox y Ciudadanos en una sesión que, entre otras cosas, ha estado marcado por el 'estreno'en el Pleno del Congreso del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.

Se ha aprovechado también la sesión para incluir en el orden del día otros debates, entre ellos el de totalidad del proyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, en un momento en el que el precio de la luz lleva semanas desbocado.

Medidas

Las medias más destacadas son del 'escudo social' incluyen la garantía de que a nadie se le cortará la luz, el agua o el gas si está en situación de vulnerabilidad o que tampoco se le pueda desahuciar. Además, la protección y seguridad a las víctimas de violencia de género seguirán considerándose esenciales.

También figuran las medidas sobre grandes propietarios, de forma que cuando el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad y el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor --persona física con más de diez viviendas--, podrán solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta.

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