El Pleno del Congreso da otra vuelta de tuerca para impedir que Batasuna y el entorno de ETA accedan a las elecciones municipales de mayo. Toma en consideración una proposición no de ley que sólo han firmado el PP y el PSOE.
Aunque socialistas y populares intentaron que esta reforma se tramitara por la vía de urgencia ante la proximidad de las elecciones, esto no fue posible por la oposición de ERC-IU-ICV, lo que no impedirá que la reforma, que será previsiblemente aprobada, esté plenamente vigente para los comicios autonómicos y locales de mayo.
Uno de los aspectos más importantes de la modificación que afecta a la Ley de Partidos prevé la denominada "incompatibilidad sobrevenida", en función de la cual las personas electas que tomen posesión de sus cargos y después, por sentencia judicial "firme", se demuestre que pertenecen a un partido declarado ilegal, quedarán inhabilitadas salvo que en quince días y voluntariamente presenten una declaración "indubitada" de rechazo y condena de la violencia.
También con el único apoyo de PSOE y PP, la proposición contempla que una lista de un partido legal podría anularse por dar cobijo a candidatos ligados a la izquierda abertzale radical.
La reforma va más allá al proponer que si un cargo electo de Batasuna o fuerzas afines entra en una institución, sean ayuntamientos, diputaciones o Cortes Generales, pueda ser expulsado.
Además se ampliará el plazo para anular listas "contaminadas" y la Fiscalía o el Abogado del Estado pueden presentar recursos hasta una semana antes de la jornada de los comicios, cuando con la ley actual no se puede hacer después del comienzo oficial de la campaña electoral.
También en el marco de la reforma electoral, pero de forma separada, como había solicitado IU, se debatirá otra iniciativa que introducirá algunos cambios en la ley electoral, como que los emigrantes españoles puedan votar en urna o que se limite el poder de los tránsfugas, una proposición que, además del PSOE y el PP, suscriben CiU y PNV.
Uno de los aspectos más novedosos que plantea es la reducción del presupuesto de los partidos durante la campaña electoral en un 15%, el mismo porcentaje que debe recortar la Administración de la propaganda institucional relacionada con las elecciones.
