Publicidad
UNA PROPUESTA DE PNV
El Congreso apoya la derogación de la Ley que permite al TC suspender a cargos públicos que desobedezcan sus resoluciones
La proposición de ley del PNV que pretende derogar la reforma del Constitucional que le permite suspender o sancionar a cargos públicos que desobedezcan sus resoluciones, cuenta con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos y de las formaciones nacionalistas frente al rechazo del PP y Ciudadanos.
El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes tomar en consideración una proposición de ley del PNV que pretende derogar la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que le faculta a suspender o sancionar a cargos públicos que desobedezcan sus resoluciones.
Los votos a favor del PSOE, de Unidos Podemos y de las formaciones nacionalistas han servido para superar el rechazo del PP y de Ciudadanos y han permitido poner en marcha el proceso para derogar la última reforma de la ley del TC. Una norma aprobada en 2015, en pleno auge del desafío soberanista catalán, gracias a la mayoría absoluta que entonces tenía el PP y cuya constitucionalidad ha avalado el propio Tribunal en una sentencia reciente.
La ley que se cuestiona es la que otorga al Constitucional potestad para obligar a la obediencia de sus resoluciones mediante la adopción de medidas cautelares y, singularmente, la suspensión en el ejercicio de sus funciones a los altos cargos que desobedezcan sus sentencias.
Por el contrario, no ha salido adelante una iniciativa con idéntico objetivo presentada por el PDeCAT, la antigua Convergencia, dado que en este caso los socialistas ha preferido abstenerse y no se lograrán los votos suficientes para pasar el filtro del Congreso.
La iniciativa del PNV pretende también derogar la anterior reforma de esa ley, aquella que instauró el recurso previo de inconstitucionalidad en las reformas estatutarias, pero en ese apartado no ha tenido éxito, pues los socialistas no están de acuerdo y ya han anunciado que presentarán enmiendas para eliminarla del texto.
Los portavoces que se han manifestado a favor de la toma en consideración han subrayado que la reforma convierte al Constitucional en un tribunal político y lo utiliza por miedo al debate soberanista en catalán. Un reto que han puesto sobre la mesa tanto Lourdes Ciuró (PDeCAT) como Ester Capella (ERC), quienes han cerrado sus respectivas intervenciones con un mensaje claro: "O referéndum o referéndum".
El impulsor de la proposición de ley, Mikel Legarda, del PNV, ha advertido de las "graves consecuencias" que puede tener la aplicación de esta ley si no es derogada, consecuencias "desconocidas" hasta el momento y una "hecatombe" jurídica y política si se suspende a un cargo público y posteriormente esa sentencia es corregida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Publicidad
