El Pleno del Congreso ha puesto hoy punto y final a la tramitación de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), frente al rechazo en bloque de la oposición que ha lamentado la culminación del "asalto político" al Consejo y el anuncio de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional (TC).
Con 183 votos a favor, todos del PP, y 140 en contra, la Cámara baja ha aprobado definitivamente el proyecto de ley orgánica que modifica la estructura y el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces que, según la oposición, consigue el objetivo del Gobierno de convertir el CGPJ "en una delegación del ministerio al servicio del Ejecutivo".
Durante el debate en un hemiciclo casi vacío de las enmiendas del Senado, los portavoces de la oposición han lamentado la ausencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón -que acudió a votar la ley-, a quien han reprochado su "falsa" oferta de diálogo en toda la tramitación del proyecto con la introducción de cambios "mínimos e irrelevantes", críticas que ha rechazado el diputado del PP Leopoldo Barreda.
Entre estos cambios se encuentra la introducción de la nueva figura del vicepresidente del Supremo, que el portavoz del grupo socialista, Julio Villarrubia, ha tachado de inconstitucional al afirmar que el nuevo cargo, que cuenta con el rechazo de alto número de magistrados de este órgano jurisdiccional, podría llegar a presidir el Consejo sin ser vocal del mismo.
En línea con la estrategia anunciada por los socialistas en relación a esta norma, Villarrubia ha reiterado que su formación recurrirá la norma ante el TC, en una iniciativa a la que han expresado su respaldo la Izquierda Plural y UPyD, al asegurar que la ley es "toda una contrarrevolución que va más allá de lo que la Constitución permite".
El Congreso ha aprobado las 26 enmiendas introducidas por el Senado que, en opinión del portavoz de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, degradan aun más el texto inicial del Gobierno que "convierte el Consejo en una delegación del Ministerio de Justicia en materia de propaganda y control".
Llamazares ha criticado al grupo popular por su fórmula de "onanismo parlamentario" al convertir las cámaras legislativas en lugares de "autocorrección de errores del PP". Como ya ocurrió en el debate en las comisiones y plenos de ambas cámaras, los portavoces de CiU y PNV se han quejado de que el proyecto no contemple la creación de los consejos autonómicos del poder judicial, previstos en siete estatutos de autonomía, lo que supone la perdida de una oportunidad "histórica" para abordar este asunto.
Tanto la diputada de CiU Montserrat Surroca como el del PNV Emilio Olabarría han lamentado que las enmiendas del Senado no aportan nada a una ley que "asalta y atraca" el órgano de gobierno de los jueces. Desde UPyD, Rosa Díez ha señalado que hoy "se ha perpetrado el final del atraco" a la independencia de la Justicia y ha afirmado que el PP ha terminado con el bipartidismo dentro del Consejo "al haberse quedado con todo".
El diputado de ERC Joan Tardà ha insistido en su rechazo manifiesto a esta norma del "mariscal Gallardón, que culmina una nueva victoria aplastante" contra la división de poderes y la independencia judicial.
La mayoría absoluta con la que cuenta el grupo popular en el Congreso y el Senado ha permitido sacar adelante uno de los proyectos estrella del Ministerio de Justicia tras un largo proceso parlamentario, pese a que la reforma cuenta con el rechazo de la práctica totalidad de los operadores jurídicos, así como del propio órgano de gobierno de los jueces. Tras la aprobación definitiva del texto por las Cortes Generales, la reforma del CGPJ entrará en vigor tras su publicación en el Boletín General del Estado.
