La reforma del artículo 135 de la Constitución, que consagrará en la Carta Magna una regla fiscal para todas las administraciones públicas, ha iniciado hoy su tramitación urgente en el Congreso, aunque el PSOE y el PP, promotores de la iniciativa, sólo han conseguido el apoyo de UPN.
La proposición de ley pactada entre los dos principales grupos ha sorteado el primer trámite y, tal y como se esperaba, sólo ha tenido un voto en contra dentro de las filas socialistas: el del ex secretario general de CCOO Antonio Gutiérrez.
Se han opuesto los nacionalistas vascos y el resto de grupos minoritarios de la Cámara, mientras que los parlamentarios de CiU han optado por no pulsar el botón de las votaciones y se les ha computado como "ausentes", pese a que estaban dentro del hemiciclo.
También estaban en sus escaños los principales actores de este pacto: el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el líder de la oposición, Mariano Rajoy, y el candidato socialista para las elecciones del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, visiblemente cansado tras la jornada maratoniana que tuvo ayer para explicar a sus compañeros de partido la reforma.
"Es cuestión de responsabilidad"
"Estoy muy satisfecho porque realmente es muy importante para España en este momento", ha señalado Zapatero en unas breves declaraciones a los periodistas al acabar la sesión plenaria, en las que ha asegurado sentirse respaldado por sus compañeros, de quienes ha elogiado su "enorme sentido" de la responsabilidad.
Han sido los portavoces parlamentarios del PSOE y del PP, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, los encargados de defender su acuerdo desde la tribuna, cuya necesidad y urgencia han justificado.
Alonso ha advertido de que, sin esta reforma, la situación "se agravaría en otoño" y se alcanzaría un estado "insostenible" que pondría en riesgo las políticas sociales de bienestar.
