La Comisión de Justicia del Congreso inicia este jueves el debate de la reforma del Código Penal con más de 900 enmiendas al texto, que introduce la prisión permanente revisable, suprime las faltas e incorpora medidas anticorrupción, entre ellas el delito de financiación ilegal de los partidos.
El texto, cuyo debate se prolongará hasta este viernes, entra así en la recta final de la tramitación parlamentaria un año y cuatro meses después de su llegada al Congreso, patrocinado por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, principal impulsor de la reforma.
De hecho, el nuevo Código Penal se puede convertir en el gran proyecto estrella del Ministerio de Justicia aprobado por las Cortes en esta legislatura, ante la ausencia de tiempo que no permiten reformas de calado en año electoral, tal y como sostiene el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
La demora en la tramitación, que ha incluido más de 30 ampliaciones de enmiendas, ha estado vinculada -según el PP- con el paquete de medidas de regeneración democrática y lucha contra la corrupción que el Gobierno quería pactar con el PSOE, que al final han sido introducidas en solitario por los populares. Eso sí, la llegada de Catalá ha impulsado definitivamente el proyecto, que se ha perfilado en las cinco ponencias a puerta cerrada celebradas en el Congreso en las últimas semanas.
Finalmente se ha quedado fuera de la negociación todo el bloque de enmiendas referentes a la lucha contra el terrorismo yihadista que habían incorporado los populares, tras aceptar la propuesta de los socialistas de negociarlas por separado. Al respecto, PP y el PSOE han acordado negociar de forma urgente medidas contra el terrorismo yihadista, que plasmarán en una proposición de ley orgánica que se tramitará de forma paralela al Código Penal, desde el convencimiento de que se trata de una cuestión de Estado.
En lo que respecta al contenido de la reforma, el PP ha retirado la regulación de las medidas de seguridad a los expresos que recogía el articulado y que prorrogaban indefinidamente el tiempo de internamiento de personas con trastorno mental, atendiendo a una supuesta peligrosidad de las mismas al finalizar la condena.
Se trata de la segunda gran medida del proyecto original de Ruiz-Gallardón a la que renuncia el Gobierno tras eliminar la custodia de seguridad, que era una medida privativa de libertad para casos excepcionales, que se hubiera aplicado una vez cumplida la pena de prisión.
Con todo, el PP ha marcado unas líneas rojas en las negociaciones con el resto de grupos, entre las que se encuentra el delito de coacción a la huelga, la supresión de las faltas y en especial la prisión permanente revisable. Más abierto se encuentra el debate en torno a la edad de consentimiento sexual que el Gobierno baraja elevar a los 15 años en la reforma del actual Código Penal, que la fija en 13 años, por lo que un adulto cometerá un delito de abusos a menores si tiene relaciones con una persona menor de esa edad.
Y también en la cuestión del decomiso y los casos de maltrato animal, donde se ha dejado la puerta abierta a tipificar como delito la agresión sexual a los animales, además de profundizar en otros muchos aspectos que conciernen la protección de los animales. Tras superar el trámite de la Comisión de Justicia, la reforma será aprobada previsiblemente en el Pleno del próximo día 21 para iniciar su tramitación en el Senado
