Con los votos a favor del PP y toda la oposición en contra, la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido aprobada hoy definitivamente por las Cortes, que han avalado un texto que incrementará la libertad, según el Ejecutivo, y sobre el que, sin embargo, planea la amenaza de su derogación si cambia el Gobierno.
Tachada de "mordaza" y "represiva" a pesar de que ha sido suavizada respecto al texto inicial, la ley, proyecto estrella del Ministerio del Interior, ha culminado su tramitación parlamentaria tras cinco meses de debate. Durante este tiempo, el contenido de la norma ha quedado diluido al centrarse la polémica en una enmienda que presentó el PP en el Congreso y que supondrá la modificación de la ley de Extranjería para legalizar las denominadas "devoluciones en caliente" o "rechazos en frontera".
Sucesora de la llamada "ley Corcuera" o de "la patada en la puerta" de 1992, la nueva norma, que entrará en vigor en julio, prohíbe por ley las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas, pero permite la identificación de las personas que tengan total o parcialmente cubierto el rostro con cualquier tipo de prenda.
Regula los cacheos y fija en un plazo máximo de seis horas el traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas solo en supuestos excepcionales y cuando no sea posible acreditar esta identificación por medios físicos o telemáticos. Paralelamente tramitada con la reforma del Código Penal, la nueva ley asume lo que hasta el momento figuraban como faltas y se convierten ahora en infracciones administrativas, que serán muy graves (multadas con entre 30.001 a 600.000 euros), graves (de 601 a 30.000 euros) y leves (de 100 a 600 euros).
En su debate final y en el último turno de palabra, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha mostrado convencido de que la nueva ley dotará a España de más libertad. "Cuando entre en vigor quedará garantizada la libertad", ha afirmado el ministro, que ha aprovechado para incidir en que la norma no "toca el derecho de reunión ni de manifestación".
A pesar de estos argumentos, la oposición ha insistido en que la ley ni es necesaria ni demandada por los ciudadanos, y que tiene como único objetivo "amordazar" la protesta en las calles.
Desde las filas del PSOE, de la Izquierda Plural y el Grupo Mixto ya han vaticinado que la ley tiene "los días contados" y que "se pone a la cola" de otras normas que serán derogadas en cuanto cambie la mayoría de fuerzas políticas en el Parlamento. "No existe ninguna razón objetiva para aprobar esta ley reactiva", ha dicho el diputado socialista José Ignacio Sánchez Amor, quien ha agradecido irónicamente al Ejecutivo y al PP el no ocultar ni disimular la ley.
"Es lo que parece. Si hubieran querido llamarla ley mordaza no habrían tenido problema", ha destacado Sánchez Amor, que ha criticado la "generalidad" y "ambigüedad" de algunos preceptos de la norma, pues con ellos se abre la puerta a la subjetividad y la discrecionalidad.
Según el parlamentario, el proyecto es un "batiburrillo" de normas sancionadores con múltiples "cláusulas", pues figuran contra el top manta, contra las cundas, contra Greenpeace o contra las feministas, ha añadido. "Solo falta una cláusula Pequeño Nicolás", ha bromeado. Con todo, el tono más duro de la intervención del diputado ha sido para la enmienda aprobada que legaliza las denominadas devoluciones en caliente de inmigrantes, una posibilidad que "no cabe en el derecho internacional.
Se está en España o se está fuera", ha dicho. Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, también ha arremetido contra la enmienda "estrella" referida a Ceuta y Melilla y que ha tildado de "auténtico esperpento", a pesar de que el PP ha modificado en el Senado esta iniciativa.
En su opinión, lejos de arreglar la enmienda se ha introducido mayor "confusión", pues al final el conflicto queda en manos de la Guardia Civil que deberá cumplir las órdenes del ministerio y al mismo tiempo seguir el ordenamiento jurídico internacional. También Feliu Joan Guillaumes, de CiU, y Emilio Olabarria, creen que esta enmienda es ilegal. Guillaumes ha incidido en que cuando se entra en un país democrático "se tienen unos derechos", mientras que el diputado vasco ha denunciado que lo que se legaliza constituye un delito en el Código Penal, la deportación ilegal.
No han escatimado críticas desde el Grupo Mixto a esta ley que será desterrada "con un arma tan simple como un sobre y una papeleta", en palabras de Joan Baldoví, de Compromís, porque su objetivo, según Rosana Pérez Fernández, del BNG, es "silenciar y amordazar cualquier protesta". "Se lo digo bien claro. No nos callarán", ha añadido la diputada, al tiempo que Joan Tardà, de ERC, considera que el proyecto es una "nueva estrategia del totalitarismo y fascismo de siempre".
