El Congreso pone en marcha la reforma del CGPJ pactada por PP y PSOE en medio de reproches y acusaciones

Con 258 votos a favor, 43 en contra y 33 abstenciones, se pone en marcha la reforma del Poder Judicial pactada por el Partido Socialista y el PP.

En medio de los reproches entre Gobierno y Partido Popular a cuenta de la aplicación de la ley de amnistía, la propuesta se ha debatido este jueves en el pleno del Congreso. Ha sido el primer pleno extraordinario del mes de julio y ha conseguido encarrilar la reforma que cambiará la fórmula de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que instará a los nuevos miembros a proponer un nuevo sistema en el plazo de seis meses.

La propuesta de ley ahora será tramitada por el procedimiento de urgencia, con la intención de que el Senado la apruebe definitivamente el 31 de julio. Aunque primero la Mesa del Congreso se reunirá para abrir el plazo de registro de enmiendas a la totalidad y parciales hasta el 9 de julio.

"Se abre un resquicio para el entendimiento"

Los portavoces de PP, PSOE, UPN y Coalición Canaria han utilizado sus intervenciones en la Cámara Baja para defender la propuesta. Miguel Tellado ha asegurado que lo que hoy se votaba "no es un pacto del PP con el PSOE, es un pacto del PP con la sociedad española". El portavoz del PSOE Patxi López, ha reprochado al PP llevar "cinco años sin cumplir la Constitución", pero ha considerado que el acuerdo "es una gran noticia" porque "la Justicia vuelve a estar a pleno rendimiento". Además, ha asegurado que esto "abre un resquicio para el entendimiento". Por su parte, Alberto Catalán (UPN), del Grupo Parlamentario Mixto, ha denunciado la "obsesión enfermiza de este Gobierno a la hora de colonizar todas las instituciones", aunque ha celebrado que este acuerdo pueda ser "una puerta a la esperanza". Y Cristina Valido (Coalición Canaria) también duda de los motivos "ocultos" del Gobierno, pero defiende el pacto "por si hubiera alguna posibilidad para acabar con el manoseo permanente a las instituciones judiciales".

Sumar ha decidido abstenerse en esta votación. Su portavoz en el Congreso, Enrique Santiago, ha afirmado que "no hay nada más importante que acabar con la politización y el control de la Justicia por la derecha", pero ha explicado que no pueden posicionarse a favor de la propuesta porque tiene "deficiencias". Tampoco Podemos y PNV han apoyado la reforma. La portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha lamentado que el PSOE haya pactado con el PP y no con sus socios. Y Mikel Legarda, del PNV, no tiene claro que esta reforma tenga "la capacidad para promover un cambio en la percepción de las cosas respecto a la politización de la Justicia".

Y los más críticos han sido Vox, Bildu, Junts y ERC. Pepa Millán (Vox) ha considerado que el acuerdo beneficia a PP y PSOE, "pero no a la Justicia". Mertxe Aizpurua (EH Bildu) ha asegurado que "este Estado no existe la independencia judicial" y este acuerdo "no es positivo" porque permite perpetuar esta situación. Miriam Nogueras, portavoz de Junts, lamenta que siga "la putrefacción de la Justicia española". Y Gabriel Rufián (ERC) ha comentado que existe una máxima política que dice que, "si Aznar lo aplaude, es malo". "Y esto Aznar lo aplaude con las orejas, así que es malo", ha zanjado.

Así es la proposición de ley

La proposición de ley pide que los nuevos vocales propongan una reforma que cuente "con la participación directa de jueces y magistrados que se determine", para que en base a este planteamiento se elabore un proyecto o proposición de ley "para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación".

Otras medidas que incluye la proposición de ley es el incremento a veinte años del tiempo de carrera de un juez que aspira a ser nombrado magistrado del Supremo. Tampoco podrá ser nombrado Fiscal General del Estado quien en los cinco años anteriores haya sido titular de un ministerio, una secretaría de Estado, una consejería autonómica o una alcaldía o quien haya tenido escaño en un parlamento.

La proposición, además, plantea reforzar las plantillas de jueces y fiscales convocando "a futuro" 200 plazas cada año durante cinco años.

Un debate tenso

El debate y la votación de este jueves se ha producido después de que el Tribunal Supremo haya decidido no aplicar la amnistía a Carles Puigdemont en el delito de malversación y tras las discrepancias del Ejecutivo por los "argumentos políticos y jurídicos". Además de las acusaciones cruzadas entre el Gobierno y los populares a cuenta del Tribunal Constitucional (TC) y de sus decisiones sobre el caso de los ERE.

A este ambiente se ha añadido también la inminente comparecencia de Begoña Gómez -investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios- que tendrá lugar el viernes ante el juez Juan Carlos Peinado.

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