El Congreso de los Diputados afronta desde este miércoles su enésimo intento para reformar su reglamento, vigente desde 1982, y que según todos los partidos necesita una urgente puesta al día para acercar la institución a los ciudadanos y agilizar la encorsetada vida parlamentaria.
La ponencia de reforma del reglamento, constituida el pasado mes de abril, se reunirá con el objetivo de poner a punto los engranajes del Congreso, en un momento en el que la imagen de las instituciones y de la clase política está en horas bajas. Multar a los diputados que se ausenten del Congreso sin causa justificada, obligar a los diputados a fichar, limitar las vacaciones al mes de agosto, o preguntas "sorpresa" en la sesión de control, son algunas de las propuestas que ya han ido adelantando los grupos parlamentarios.
Izquierda Plural, por ejemplo, propone acercar la Cámara a la ciudadanía con jornadas de "puertas abiertas" periódicas en las que los parlamentarios se sometan al control directo del pueblo. Pide también que se amplíen las competencias de la Comisión de Peticiones para que deje de ser un "mero buzón de reclamaciones" o que el salario de un diputado nunca pueda ser superior al de un director general de la administración.
UPyD es otro de los grupos que ha hecho público un extenso documento con 32 propuestas para mejorar el funcionamiento del Congreso y mejorar la transparencia de la gestión pública. La formación que lidera Rosa Díez pretende que se establezca anualmente la celebración del debate sobre el estado de la nación y, para dinamizar los debates, que se pueda dar la palabra a cualquier diputado para realizar cualquier pregunta aclaratoria, o permitir preguntas "sorpresa" al Gobierno en las sesiones de control.
Los socialistas, por su parte, quiere que se refuercen los mecanismos de control al Gobierno, con más preguntas en la sesión de control -principalmente al jefe del Ejecutivo- y que se amplíe el tiempo destinado a ellas, así como la posibilidad de realizarlas sin notificación previa.
El PP ya ha expresado su disposición para llegar a un acuerdo con los demás partidos, pero no para cambiar "el sistema de mayorías" que rige en el Congreso y en todos los parlamentos del mundo. También considera que si finalmente se llega a un consenso para cambiar el reglamento, las modificaciones deben entrar en vigor ya en la siguiente legislatura.
Uno de los asuntos espinosos que frustró el último intento de reforma del Congreso en el año 2007 fue el uso de las lenguas cooficiales en las sesiones del Congreso. Cuestión que nadie duda de que volverán a reclamar los partidos nacionalistas durante la negociación que se inicia este miércoles.
