El Pleno del Congreso se pronuncia esta tarde, con voto secreto, sobre la proposición no de ley del grupo socialista que pide la retirada del anteproyecto presentado por el Gobierno para la reforma de la ley del aborto. De paso, es una ocasión para comprobar la unanimidad que existe en el PP en torno a este tema o evidenciar las discrepancias.
El diputado 'popular' Vicente Martínez Pujalte se ha mostrado convencido de que el hecho de que la votación sea secreta afianzará mucho más el voto de los diputados populares "por pura lealtad". Ha respondido así a los periodistas en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la posibilidad de que haya disensiones en el grupo popular.
"Yo conozco a los diputados del PP y si alguien manifestara una posición contraria (al proyecto) no necesita hacerlo en oculto", ha recalcado Martínez Pujalte. En su opinión, los diputados del PP "no van a entrar en ese tipo de provocaciones del PSOE": "Si nos dicen que votemos en secreto se afianzará mucho más el voto, por pura lealtad y por puro comportamiento de caballerosidad de los diputados y diputadas del PP", ha añadido.
Sobre el impacto económico
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado que "bajo ningún concepto" el aspecto económico es "esencial" para reformar la ley del aborto, sino que responde a proteger a la mujer y el derecho a la vida de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional.
Mato se ha expresado de esta manera en la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde la ministra ha tenido que responder a tres preguntas del grupo socialista sobre el anteproyecto de ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada.
La ministra ha defendido la reforma impulsada por el Ministerio de Justicia por estar, entre otras cosas, en el programa electoral del PP, y ha pedido a la oposición que olvide "la demagogia partidista" y proponga aportaciones y mejoras constructivas al texto aprobado por el Consejo de Ministros. Ha recordado que el anteproyecto está en la fase de "recoger opiniones", en concreto las de 29 órganos y entidades, así como de las comunidades autónomas y, posteriormente, de los grupos cuando se inicie la fase parlamentaria.
Ante las críticas de los senadores socialistas, quienes han pedido la retirada de la reforma por ir en contra de los derechos, la libertad y la dignidad de las mujeres, la ministra ha insistido en que el PSOE en 2010 decidió, "sin contar con nadie", modificar una ley -la de 1985- asumida por la mayoría de los españoles.
Limite en la jurisdicción universal
El Pleno del Congreso debate este martes la toma en consideración la proposición de ley del PP para reformar la jurisdicción universal, regulada en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), con el fin de que introducir nuevos requisitos que se pretenden aplicar a las causas actualmente en trámite en la Audiencia Nacional. Toda la oposición se ha mostrado en contra.
La principal novedad es limitar las actuaciones a casos en los que los criminalmente responsables sean españoles o extranjeros nacionalizados tras la comisión de los hechos supuestamente delictivos, lo que abriría la puerta a archivar diferentes causas que se están tramitando actualmente en los juzgados centrales de Instrucción.
La reforma también podría provocar el archivo de casos como la muerte del periodista José Couso en la Guerra de Irak, por la que se acusa a militares estadounidenses; el asesinato de Ignacio Ellacuría y otros cuatro jesuitas españoles a manos de militares salvadoreños en 1989; la investigación de altos cargos guatemaltecos por delitos de genocidio y torturas cometidos contra la población maya; la investigación de altos mandos de Ruanda por la muerte de cuatro millones de personas en los años noventa y del asesinato de nueve españoles; o las denuncias por casos de ablación genital.
