El Congreso reconoce el derecho a voto de 100.000 ciudadanos con discapacidad

Los cerca de 100.000 ciudadanos españoles a los que se les ha incapacitado judicialmente para poder votar y ser elegidos en unas elecciones debido a que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, desde están más cerca de poder hacerlo en los próximos comicios.

Y ello gracias al "día histórico" que se ha vivido en el Congreso de los Diputados que ha dado el primer paso para reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), de 1985, y otorgar el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad sin exclusiones.

Unanimidad ha habido en la votación del pleno de la Cámara Baja para modificar la actual legislación, una reforma que ahora continuará su tramitación en el Senado para regresar más tarde a la Carrera de San Jerónimo. Pero no ha sido necesario esperar a su aprobación definitiva para palpar cómo ha vivido el colectivo este hito. "Me quitaron el derecho al voto y he luchado mucho para poder estar aquí hoy. Yo quería votar y es un gran día para mí y para todos", ha exclamado Eva a los periodistas.

Como ella, muchas otras personas con algún tipo de discapacidad intelectual han celebrado -visiblemente emocionados, portando claveles blancos y con carteles con el lema "mi voto cuenta"- frente a la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados esta "victoria".

Lo han hecho acompañados de todos los representantes de los grupos parlamentarios que han participado en el debate, en el que todos, sin excepción, han agradecido su trabajo a los representantes del colectivo que han seguido la sesión desde la tribuna de invitados. "Este avance democrático es vuestro y no de los que hoy nos subimos a la tribuna", ha reconocido la diputada de Unidos Podemos Teresa Arévalo.

Tampoco ha querido perderse esta cita la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Isabel Lima, que ha asegurado que "hoy realmente es una fiesta para la democracia" porque había una "deuda pendiente" desde que en 2008 España firmó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU. "Yo diría que hoy es un hito histórico para la democracia de este país, para toda la ciudadanía y para las personas con discapacidad porque 100.000 personas podrán participar de manera plena en todo el proceso democrático electoral", ha dicho Lima, que ha remarcado que "poco a poco somos un ejemplo de democracia para todo el mundo".

Previsiblemente, para la primera fecha electoral prevista -los comicios andaluces del próximo 2 de diciembre- aún no haya concluido el trámite legislativo, y estos 100.000 ciudadanos no lleguen a tiempo de votar, pero sí podrán hacerlo el próximo año en las elecciones municipales, autonómicas y europeas.

De esa forma, también se atenderá a las recomendaciones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, que en su examen a España en septiembre de 2011, mostró su preocupación por el número de personas con discapacidad a las que se había denegado el derecho de voto. Esta es una reclamación hecha desde hace años por el Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), cuyo presidente, Luis Cayo, ha explicado que esta medida no tenía ningún coste económico ni había dificultad alguna "de un ministerio de Hacienda".

"Simplemente ha habido que persuadir y convencer (...). Pero primero hemos convencido y después hemos vencido, y además la discapacidad ha mostrado que es capaz de hacer argamasa con todas las fuerzas políticas en un panorama tan absolutamente poco favorable al acuerdo", ha subrayado. "Cuarenta años después del aniversario de nuestra Constitución, la democracia llega a todas las personas. Había una especie de Guántanamo, de zona de sombra donde no iluminaba el derecho de sufragio, y por fin ha llegado", ha celebrado Cayo.

Hoy se ha dado el primer paso para reformar la Loreg en el Congreso de los Diputados, pero esta iniciativa procede de la Asamblea de Madrid, que en junio de 2017 se convirtió en el primer parlamento regional que pedía la modificación de una ley orgánica.

Fue la diputada madrileña del PSOE Mónica Silvana quien presentó dicha propuesta: "Estoy orgullosa de haber registrado un día 29 de septiembre de 2016 esta iniciativa que hoy ve la luz y que demuestra que desde los parlamentos regionales se pueden hacer cosas positivas", ha rememorado. Se ha mostrado encantada de que su partido sea "padrino" de esta reivindicación histórica que, a su juicio, sitúa a España "en el mapa de las democracias avanzadas europeas".

Ahora sólo queda confiar en que el trámite parlamentario que le queda por recorrer a esta reforma sea rápido para que las 100.000 personas que están a la espera de poder depositar por primera vez una papeleta en una urna electoral, vean pronto reconocido su derecho y hecho realidad su sueño.