Vista del Pleno del Congreso de los Diputados

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gracias al voto en contra de la mayoría de la cámara

El Congreso tumba la alternativa del PP a la ley socialista de la eutanasia

El Pleno del Congreso ha rechazado la enmienda al considerar que no se trata de una iniciativa a favor de la libertad de decisión del paciente al final de la vida, ni que aporta nada nuevo respecto a las normas ya incorporadas.

El Pleno del Congreso ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de regulación de la eutanasia, gracias al voto en contra de la mayoría de la cámara -210 votos en contra, 132 a favor y 1 abstención- al considerar que no se trata de una iniciativa a favor de la libertad de decisión del paciente al final de la vida, ni que aporta nada nuevo respecto a las normas, ya incorporadas en un gran número de comunidades autónomas, que regulan en el testamento vital los cuidados paliativos.

De este modo, tras el rechazo de la enmienda a la totalidad, sigue adelante la tramitación de la ley presentada en la Cámara Baja por el PSOE para facilitar el derecho a morir a las personas con enfermedad o discapacidad grave que no tengan más opciones de tratamiento y que quieran voluntariamente, y con informes médicos, acabar con su vida.

El PP presentó un texto alternativo que facilita la humanización del proceder médico asistencial, la defensa de la bioética y el modelo deliberativo en el proceso de toma de decisiones relacionada con los cuidados paliativos. Un texto similar a las enmiendas que la formación 'popular' ya había presentado al texto de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida de Ciudadanos, conocida como Ley de Muerte Digna, que lleva ya más de un año de trámite en la Cámara y se encuentra en sus fases finales.

Este hecho ha sido criticado por la mayoría de los grupos del la cámara, del mismo modo han acusado a los 'populares' de "plagiar" la ley de Derechos y Garantías de las personas en el Proceso de Morir que la Asamblea de Madrid aprobó en marzo de 2017 presentada por socialistas madrileños.

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