El Consejo de Ministros ha presentado un paquete legislativo para mejorar la lucha contra la corrupción. Incluye medidas como la prohibición de condonar deudas a los partidos y la prohibición de las donaciones de personas jurídicas a las formaciones políticas. Igualmente, recoge novedades como la de que las personas condenadas por delitos de terrorismo no puedan ser altos cargos de la Administración mientras no se cancelen los antecedentes penales.
Así lo ha avanzado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha pilotado este plan de regeneración democrática.
En concreto, ha presentado dos anteproyectos concretos: la ley reguladora del régimen económico financiero de los partidos y la ley reguladora del alto cargo de la Administración General del Estado, dos normas que el Ejecutivo quiere consensuar con los grupos parlamentarios durante el trámite parlamentario.
Como principales novedades en la primera norma se incluye la de prohibir las donaciones de personas jurídicas a los partidos. "Hasta ahora los partidos podían recibir donaciones procedentes de personas físicas sin limite de 100.000 euros anuales.
Ahora se prohíben completamente las donaciones que tengan su origen en personas jurídicas", ha manifestado Sáenz de Santamaría, que ha destacado también el hecho de que la futura ley de régimen económico financiero de los partidos vaya a incluir también la "prohibición de condonaciones de deuda por parte de entidades de crédito a los partidos".
En cuanto a la ley reguladora del ejercicio del cargo público, Sáenz de Santamaría ha subrayado que esta norma establece el conjunto de "obligaciones" de altos cargos.
Entre las novedades destaca el hecho de que las personas condenadas, incluidos los delitos de terrorismo, "no podrán ser nombrados altos cargos mientras no se le cancelen los antecedentes penales", según ha dicho la vicepresidenta.
Además de esto, la nueva ley hará que los partidos tengan que notificar al tribunal de cuentas todas las donaciones de más de 50.000 euros, así como que los bancos no podrán perdonar a estos deudas de más de 100.000 euros al año.
Todas las formaciones políticas tendrán que presentar su contabilidad y si no lo hacen no recibirán subvenciones. Tendrán responsabilidades penales y se castigará al que oculte sus cuentas o las falsee. Además, igual que los sindicatos y la patronal, deberán publicar sus retribuciones, las subvenciones que reciben y los contratos que realicen en sus convencios.
Por último, se tipifican nuevos delitos, como el de financión ilegal, el de falsedad en las cuentas o el de la administración desleal de los fondos. Se persigue más el delito de cochecho y el tráfico de influencias, y se acelera la celebración de los juicios por corrupción.
En cuanto a los altos cargos, además de que tendrán limitados sus gastos de representación, no podrán usar tarjetas de crédito y se regulará el dinero que estos reciban cuando dejen su puesto.
