Ordenan liberar a la número 2 de Griñán y al exconsejero Francisco Vallejo tras anular el Constitucional su condena por malversación

Carmen Martínez Aguayo, exconsejera andaluza de Hacienda, estaba condenada a seis años de prisión por Malversación en el caso de los ERE de Andalucía. Este miércoles, el Tribunal Constitucional (TC) ha anulado su sentencia porque considera que hubo indefensión. A este exoramiento se suman otros tres condenados más que están viendo sus sentencias o modificadas o anuladas: Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Jesús María Rodríguez (los cuatro antiguos consejeros o viceconsejeros de la Junta de Andalucía). Esto hace un total de seis condenados por los 'ERE' que han conseguido la modificación o anulación de la sentencia: los otros dos son Miguel Ángel Serrano y Magdalena Álvarez.

Asimismo, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado la puesta libertad de los exconsejeros de la Junta de Andalucía Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo. Mientras, la Audiencia no ha recibido los fallos de las sentencias del TC referentes al exconsejero Antonio Fernández y al exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román. Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo se suman al exdirector del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar tras ordenar su puesta en libertad.

¿Cómo han empezado a perdonarse los delitos de malversación de los 'ERE'?

El Tribunal Constitucional comenzó este pasado junio a dar nuevos pasos hacia la revisión del caso de los ERE de Andalucía. Algunos implicados (José Antonio Viera y Magdalena Álvarez) presentaron recursos de amparo pidiendo la reducción de condena gracias a la eliminación del delito de malversación. A estos recursos, el Tribunal Constitucional desestimó el de José Antonio vera y a Magdalena Álvarez se le estimó parcialmente. Magdalena Álvarez es exministra y se ha anulado la sanción de nueve años de inhabilitación que le impuso la Audiencia de Sevilla en principio. Ahora se tendrá que hacer una nueva sentencia con ese delito eliminado.

El Constitucional ya había anulado parcialmente una condena por prevaricación. Sin embargo, en cuanto a los delitos de malversación, no se habían revisado hasta ahora: el Pleno del Tribunal Constitucional estimó ayer parcialmente el recurso de amparo interpuesto por Miguel Ángel Serrano Aguilar que interpuso contra las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Estas sentencias lo condenaban por un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación y tenía que cumplir seis años, seis meses y un día de prisión e inhabilitación durante 17 años y un día. Ahora, al "perdonarle" ese delito de malversación, se ha ordenado su puesta en libertad.

Lo que ha producido el fallo del Constitucional es un efecto dominó:rebaja y eliminación de condenas de prisión en la mayoría de participantes del caso 'ERE'. Parte de ese efecto dominó, está el que fue consejero de Empleo de Andalucía. Fernández ha sido exorado parcialmente en el delito de malversación con siete votos a favor y cuatro en contra en el Pleno. El argumento ha sido que se ha vulnerado en parte su derecho a la legalidad penal, pero han rechazado que se haya lesionado sus derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.

Al igual que con Serrano Aguilar, ahora la Audiencia de Sevilla tendrá que dictar una nueva sentencia donde se le elimine parte de los cargos por malversación y solo le mantendrá la sentencia en malversación en modificaciones presupuestarias del año 2000-2001 y a las disposiciones de fondos incluidos en el programa 3.1 L en ausencia o desviación de su fin público.

El 16 de julio el Pleno estudiará los recursos de los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

¿Por qué fue condenado Antonio Fernández en los 'ERE'?

Fernández fue condenado a 7 años y 11 meses de prisión y a 19 años y medio de inhabilitación. Se trata de la condena más alta de todos los implicados en el caso. El delito era por prevaricación en concurso con malversación. Intervino en las modificaciones presupuestarias que arbitraron los fondos del pago de los ERE y firmó como presidente del Instituto de Fomento de Andalucía convenios particulares con el director general de Trabajo.

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