El coordinador general de CDC, Josep Rull, ha asegurado hoy que "no le constan irregularidades" en la financiación del partido y ha pedido que los registros policiales "no afecten" a una negociación entre Junts pel Sí y la CUP que debe estar por encima de "turbulencias interesadas e intencionadas".
En declaraciones a medio radiofónicos, el número dos de Convergència ha admitido estar "triste y cabreado con lo que está pasando" y "sufriendo por gente del partido que está en condiciones complicadas", pero al mismo tiempo ha dicho estar "confiado" en que se será capaz de defender la "honorabilidad" del partido.
"No me consta que haya nada irregular, es lo que me trasladan los responsables de finanzas del partido y yo les creo", ha señalado Rull tras el registro policial de ayer por un caso de presunta corrupción y cobro del 3% por adjudicación de obra pública.
El dirigente, también diputado electo de Junts pel Sí, ha confiado en que estos registros "no afecten" a las negociaciones con la CUP, y ha reclamado que "todos seamos capaces de aislarnos de este elemento, continuar las negociaciones y avanzar hacia el entendimiento", ha señalado.
"Deseo que no afecte y seamos capaces de entender que lo que hacemos es trascendente, que no debe estar sometido a turbulencias interesadas o intencionadas. Tenemos que ponernos por encima de estas intenciones que tienen algunos para intentar que (el proceso soberanista) fracase. El Estado está intentando proteger su integridad territorial por todos los medios", ha dicho.
Rull ha relatado que en el último registro, la Guardia Civil se llevó "lo que ya tenía", que era "documentación que CDC tenía preparada para el Tribunal de Cuentas, que periódicamente revisa toda la contabilidad", por lo que "no hace falta hacer todo ese revuelo por una documentación de acceso público".
A su juicio, "hay una desproporción entre los medios que utilizan y lo que buscan", con una "exageración en el tiempo de registro y el número de efectivos", en lo que Rull ha tildado de "escenificación inquietante y una mala noticia en un Estado de Derecho", y un "espectáculo mediático y escarnio" contra CDC.
