Francisco Correa: "Cuando todo acabe me dan dos coca colas y estoy 28 horas hablando"

El considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha arrancado este martes su comparecencia mediante videoconferencia ante la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP recalcando que ya está "claro" cómo pagaba el PP valenciano a su empresa los actos electorales que le organizó y remitiéndose a su declaración ante la Audiencia Nacional en la que confirmó que parte de esos abonos se hicieron con dinero negro.

Correa ha tomado la palabra antes de que comenzara el interrogatorio de los grupos para cerciorarse de que los comisionados tenían conocimiento del escrito que su abogado envió a la comisión la semana pasada avisando de que no iba a contestar a las preguntas que pudieran perjudicar a su defensa judicial.

El empresario ha explicado que su intención era colaborar con la comisión, pero que iba a seguir el consejo de su abogado. Aún así, ha recordado que en el juicio sobre la supuesta financiación ilegal del PP valenciano tanto él como otros diez empresarios ya han reconocido "claramente" cómo pagaban a su empresa, Orange Market, los actos que organizaban para el partido en la Comunidad Valenciana.

"Yo no les quiero hacer perder el tiempo, pero ya ha quedado muy claro en el tema de Valencia cómo nos abonaban", ha añadido Correa antes de someterse a las preguntas de los diputados y sin mencionar expresamente que algunos de esos eventos de pagaron de forma ilegal.

El presidente de la comisión, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, tomó la decisión de citar a Correa por videoconferencia después de que comunicara al Congreso que se acogerá a su derecho de no responder a las preguntas de los diputados, y pospuso sin fecha la citación a Blanco Balín.

Tanto Correa como su socio se sientan desde el pasado 15 de enero en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por la presunta financiación del PP valenciano, una de las piezas del caso 'Gürtel', una vista oral que se retomará el 7 de febrero.

Coincidencia con el juicio de la trama valenciana

El líder de la red corrupta está en prisión cumpliendo la condena de 13 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) por los amaños de los contratos de los expositores de Fitur. Además se encuentra a la espera de conocer la sentencia condenatoria por el primer juicio de la trama Gürtel relativo a los primeros años de su actuación (1999-2005).

Ahora la Fiscalía Anticorrupción pide para él 24 años y medio de cárcel por recibir pagos en negro del PP, pero el Ministerio Público le ofreció rebajar esa petición si colaboraba durante el juicio oral de la financiación ilegal del PP valenciano. En su declaración del 16 de enero, Correa ya ha reconocido que el partido que presidía Francisco Camps le pagó en 'b' y mediante facturas falsas parte de los servicios que prestó su empresa Orange Market durante las campañas electorales de 2007 2008.

En concreto, declaró en el juicio que era el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa quien indicaba a Orange Market el nombre de los empresarios a los que debía facturar los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008. Los nueve empresarios acusados en el mismo caso ya habían confesado que sufragaron de forma irregular parte de los actos electorales de los 'populares' valencianos y el propio Ricardo Costa remató admitiendo ante el tribunal la financiación ilegal del partido.

De su lado, Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol, se enfrenta ahora a su primer juicio acusado de ser el artífice del entramado financiero de la 'Gürtel': fue miembro de los consejos de administración de muchas de las empresas de Correa y figura como supuesto responsable de blanquear del dinero que obtenían de comisiones ilegales que pagaron empresarios para conseguir contratos públicos.

La Fiscalía le pide 15 años de cárcel por seis delitos fiscales y su declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional está programada precisamente para el 7 de febrero, al día siguiente de la comparecencia parlamentaria, y por ello pidió el aplazamiento al Congreso.