El presunto cabecilla de la red de corrupción Gürtel, Francisco Correa, y sus lugartenientes Pablo Crespo y Alvaro Pérez, 'El Bigotes', declararán este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por las supuestas irregularidades que se produjeron en la contratación de empresas por parte de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) durante la visita que el Papa realizó a Valencia en 2006.
Correa será conducido en ambulancia hasta la sede del tribunal después de que el juez instructor rechazara su petición de declarar por videoconferencia al alegar que se encuentra en una situación de estrés y ansiedad, según informaron fuentes jurídicas.
Su defensa había pedido al magistrado que le permitiera prestar testimonio desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde se encuentra en prisión provisional eludible con una fianza de 600.000 euros, o bien desde los juzgados de Colmenar Viejo para así evitar la claustrofobia que, según dice, le provocan los furgones policiales en los que se suele efectuar el traslado.
A la vista de la solicitud, el juez Ruz ordenó que se realizara al reo un examen forense para así determinar la licitud de sus alegaciones. La médico encargada de estudiar su estado descartó que el desplazamiento fuera imposible y sugirió que éste se realizara en ambulancia, según explicaron las mismas fuentes.
Así, en una providencia firmada el pasado 26 de abril, el magistrado ordenó que Correa sea trasladado en un vehículo médico hasta las dependencias de la Audiencia Nacional y especifica que durante su custodia en el edificio judicial deberá evitarse mantenerle en espacios "tipo celda", para eliminar la posibilidad de generarle claustrofobia.
Además de Correa, Crespo y 'El Bigotes', el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tomará declaración este lunes a Oscar Fragio, gestor de la compañía Teconsa, a la que se adjudicó la sonorización de los actos de la visita del pontífice.
El martes el juez instructor interrogará al exdirector general de RTVV Pedro García Gimeno, acusado de recibir regalos a cambio de conceder la adjudicación, y a los también imputados Vicente Torro Casanova, administrador único del Grupo Alvalon, y Ana María Martínez Penades.
Los siete están imputados por los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública por el IRPF correspondiente a 2006 de las personas que percibieron fondos derivados de esta contratación y el Impuesto de Sociedades e IVA que Teconsa dejó de abonar ese año.
