El juez Pablo Ruz, instructor de la causa sobre la presunta contabilidad B del PP, vuelve esta semana a la Audiencia Nacional tras diez días de vacaciones y lo hace con el interrogatorio de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y de sus antecesores en ese cargo Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos.
El juez citó antes de marcharse de vacaciones a los tres políticos en calidad testigos para preguntarles sobre el sistema de donaciones y pago de sobresueldos. El próximo martes 13 han sido llamados a testificar Álvarez-Cascos y Arenas, y al día siguiente Cospedal. Los tres lo harán en la sede la Audiencia Nacional tras haber renunciado tanto Cospedal como Arenas a la prerrogativa que les otorga la ley de prestar declaración en sus despachos oficiales por razón de sus cargos (presidenta de Castilla-La Mancha y senador, respectivamente).
El objeto de su comparecencia es responder a las acusaciones que vertió el extesorero Luis Bárcenas en la última declaración que prestó durante cinco horas ante el juez Ruz el pasado 15 de julio, tras su ingreso en prisión provisional el 27 de junio. Ese día, Bárcenas, que previamente proporcionó los originales de la supuesta contabilidad B que reflejaría donaciones de empresarios destinados a sobresueldos a dirigentes del partido y a la financiación de campañas electorales, lanzó una batería de acusaciones de irregularidades en el PP y dio a entender que los secretarios generales conocían la existencia de esas cuentas opacas.
De Cospedal, hacia la que Bárcenas no oculta su animadversión, dijo que se benefició, junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de dos pagos en negro entre 2009 y 2010 por un total de 90.000 euros, que aseguró haberles entregado a ambos al liquidar la caja B del partido y por la devolución de una deuda del PP gallego.
Gran parte de los ingresos de esa contabilidad opaca procedía, según Bárcenas, de las donaciones irregulares de empresarios al PP, pero el extesorero aclaró que esos donativos "jamás han sido finalistas" (a cambio de una adjudicación pública), salvo uno en Castilla-La Mancha en el 2007 y que afectaría a Cospedal.
Se trata de un pago de 200.000 euros supuestamente entregado por el expresidente de Sacyr Luis del Rivero al PP de Castilla-La Mancha para la campaña de Cospedal después de que una filial de dicha empresa, Sufi, se hiciera con el servicio de limpieza de Toledo. De hecho, entre la documentación que entregó el juez se encontraba un recibí por esa aportación firmado por el gerente del partido en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas.
Como muestra de esa enemistad con la secretaria general del PP, Bárcenas relató que en marzo de 2010 se reunió con Rajoy y Arenas en compañía de su mujer, Rosalía Iglesias, para pedir que Cospedal "dejara de intoxicar en la prensa" contra él.
El nombre de Arenas, secretario general de 1999 a 2002, también apareció en su extensa declaración en varias ocasiones, como cuando explicó que tras dejar su cargo de tesorero y liquidar esa supuesta caja B, entregó en marzo de 2010 a Arenas el "remanente" de 4.900 euros y éste le dijo: "Chico, cógelos, los metes en un sobre y se los dejas al presidente y el sabrá lo que tiene que hacer".
Álvarez-Cascos, secretario general entre 1989 y 1999, aparece en la contabilidad de Bárcenas como beneficiario de sobresueldos por un total de 412.390 euros, que habría seguido percibiendo durante su etapa de ministro de Fomento, lo que vulneraría la Ley de Incompatibilidades.
El fiscal del caso Bárcenas Antonio Romeral solo apoyó la petición de IU de que testificara Cospedal o el "representante legal" del partido, pero no consideró procedente la declaración de Álvarez Cascos y Arenas porque el período en que ostentaron ese cargo "es anterior al que delimita el objeto de investigación".
Ruz no lo entendió así y consideró que también son "pertinentes" las testificales de Cascos y Arenas, ya que ambos fueron secretarios generales del PP "durante los distintos periodos a que se extiende la presunta contabilidad B y la realidad de los apuntes" de Bárcenas.
Por ello, y "a fin de no incurrir en incongruencia", acordó la declaración de estos tres testigos, ya que todos ellos "ostentaron la misma responsabilidad orgánica dentro del partido" y "pueden aportar datos relevantes para la investigación en curso" y explicar el procedimiento seguido para la recepción de donaciones "anónimas" en el PP entre 1992 y 2008.
