El exsecretario general del PP de Valencia Ricardo Costa ha pedido quedar eximido en el juicio de la rama valenciana de la trama Gürtel porque el beneficiario de la supuesta financiación irregular de las campañas electorales de 2007 y 2008 sería el partido y no él. Así lo ha planteado su abogado en las cuestiones previas del juicio a la antigua cúpula del PP valenciano por la supuesta financiación irregular de actos de dichas campañas pagados a Gürtel con dinero B de empresarios.
El letrado de Costa ha argumentado que, en todo caso, el beneficiario de esa supuesta financiación habría sido el PP, que ni siquiera está acusado a título lucrativo (como en el juicio a la primera etapa de Gürtel), con lo que -a su parecer- no hay delito. Por su parte, la fiscal Míriam Segura ha anunciado que rebajará su petición de 24 años y medio de prisión para el presunto líder de la trama, Francisco Correa, si continúa colaborando con la justicia. Diecinueve acusados se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional, entre ellos cinco excargos del PP, encabezados por Ricardo Costa y el exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla.
La representante del Ministerio Público pide para Costa siete años y nueve meses de prisión y seis años y medio para Rambla. El resto de políticos acusados son el exvicesecretario y la exgerente del PP valenciano David Serra y Cristina Ibáñez, que se enfrentan cada uno a una petición de siete años y nueve meses de prisión, y la exdiputada en las Cortes valencianas Yolanda García, para la que la fiscal solicita seis meses de cárcel. Además están acusados nueve empresarios y cinco integrantes de la trama Gürtel, entre ellos los principales cabecillas, Francisco Correa; su presunto número dos, el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, y el considerado el hombre de la trama en Valencia, Álvaro Pérez 'El Bigotes', los tres en prisión tras ser condenados en la pieza del entramado del caso Fitur.
Juan Casanueva, abogado de Ricardo Costa, ha pedido el sobreseimiento de la causa respecto a su representado al estimar que son nulos los escritos de la Fiscalía y del PSOE de Valencia -que ejerce de acusación- por no concretar los hechos que le atribuyen. Ha abundado en que el beneficiario del supuesto delito electoral sería el PP, que no está llamado a este juicio ni como partícipe a título lucrativo, y sin embargo se le juzga a Costa que, ha apuntado, es un "actor secundario" respecto a los hechos enjuiciados. En cualquier caso ha estimado, al igual que los abogados del resto de políticos, que los delitos electorales y de falsedad ya han prescrito por el tiempo transcurrido.
Sin embargo, la fiscal se ha opuesto a todas las cuestiones previas de las defensas entre ellas la alegación de falta de concreción de las acusaciones. En cuanto a la posible reducción de petición de pena para Correa, la fiscal ha precisado que será en el momento de sus conclusiones definitivas cuando lo contemple bajo la condición de que se haya demostrado en la vista colaboración con la justicia e intención de reparar el daño causado.
En esta línea de colaboración, Correa -en prisión por el caso Fitur- remitió hace unos días un escrito al Juzgado Central de lo Penal en el que confesó que el PP de Valencia pagó en B a la trama Gürtel, en concreto a la empresa Orange Market, trabajos en campañas electorales o mediante facturas ficticias a empresarios por trabajos no realizados. También ha mostrado la fiscal la intención de rebajar su petición de pena para nueve empresarios -para los que pide entre 4 y 6 años de cárcel- que, el pasado mes de febrero y a cambio de eludir la prisión, reconocieron haber financiado al PP valenciano en campañas electorales.
Al respecto, las defensas de los empresarios han pedido que la fiscal no solo rebaje la petición de pena a menos de dos años para que no ingresen en prisión sino que la sustituya por multas, que ya han tenido que pagar para cumplir el citado acuerdo con la Fiscalía. La fiscal ha aclarado que en todo caso accederá a ello en el momento procesal oportuno tras la práctica de la prueba en el juicio. La Abogacía del Estado y la acusación ejercida por el PSOE de Valencia se han adherido a lo manifestado por la fiscal.
La abogada del PSOE ha retirado la acusación contra uno de los diez empresarios encausados, José Enrique Fresquet, con lo que ha quedado eximido del juicio ya que no está acusado por la Fiscalía. El juez Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, encargado de la vista, ha rechazado todas las cuestiones previas planteadas por las defensas por lo que el juicio seguirá mañana con las declaraciones de los primeros acusados.
