Cristina Cifuentes ha resultado absuelta de la acusación de falsificación del acta de su trabajo fin de máster, según han informado fuentes de su defensa. La Audiencia Provincial de Madrid condena sin embargo, a la profesora y asesora de la Comunidad de Madrid Teresa Feito a 3 años de cárcel, y a la docente Cecilia Rosado a un año y seis meses, tras aplicarle la atenuante de confesión y miedo insuperable y, subsidiariamente, una atenuante muy cualificada por su colaboración con la justicia.
Tras cinco sesiones en las que declararon la tres procesadas y, como testigos, numerosos responsables de la Universidad Rey Juan Carlos, profesores, alumnos y el exconsejero madrileño de Educación Rafael Van Grieken el juicio quedó el pasado 5 de febrero visto para sentencia. Fiscalía pedía para la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes una pena de 3 años y 3 meses de cárcel.
Acompañada por su hijo, Cifuentes ha acudido esta mañana a la sede judicial de la calle Santiago Compostela para conocer la sentencia, que ha sido notificada a las 12.00 horas a los abogados de las partes y a las propias acusadas. A su salida, no ha querido comentar su absolución.
La fiscal Pilar Santos solicitó en el juicio una condena tres años y tres meses de cárcel para la exlíder madrileña al quedar acreditado que indujo la falsedad del documento objeto del juicio, dado que la exdirigente popular era "la única, la primera y la última beneficiaria" de esa falsificación.
También pidió la misma pena para Feito, mientras reclamó 21 meses para Rosado y de forma subsidiaria que se apreciaran las atenuantes de confesión y miedo insuperable por las presiones que habría recibido del director del Instituto de Derecho Público, Enrique Alvarez Conde, fallecido en abril de 2019.
Cifuentes afirmó durante su declaración que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que también hicieron otros alumnos. "Actué de buena fe", afirmó en relación al acta que mostró a los medios el día que estalló la polémica, el 21 de marzo de 2018, al desconocer que contaba con firmas falsificadas, un hecho del que responsabilizó a la propia universidad.
