Críticas al CIS por su encuesta y el enfoque de sus preguntas

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, correspondiente al mes de enero, incluye detalles muy llamativos sobre el hipotético escenario que se produciría si se celebraran elecciones hoy mismo. Aunque las cifras generales sitúan al PSOE con una estimación de voto del 30,2%, casi dos puntos por delante del PP, lo cierto es que los socialistas cada vez ven más reducida su ventaja respecto al anterior sondeo. Pero hay más. La referencia en intención directa de voto, o voto decidido, es aún peor para el PSOE.

¿Por qué? Según la encuesta, un 23% de los entrevistados se declara partidario de votar al PP, medio punto por delante de quienes darían su apoyo al PSOE; ese adelanto se produjo una vez, en el barómetro de julio del año pasado. Se trata de los electores ya comprometidos o con el voto decidido. Una cifra importante, porque es previa a la "cocina" de los datos y que es habitual en todas las encuestas, pero siempre muy polémica en el caso del CIS por la disparidad de resultados.

La encuesta, según la ficha técnica, se basa en casi 4.000 entrevistas telefónicas y fue realizada entre los días 2 y 12 de enero, después de la crisis del Tribunal Constitucional y la aprobación de la supresión del delito de sedición. Entre todas las preguntas, hay una que se repite en cada barómetro y que resulta algo más beneficiosa para el PSOE: la intención de voto más los resultados de "simpatía" hacia los partidos colocan a los socialistas siete décimas por delante de los populares. El CIS, además, vuelve a situar a Unidas Podemos en tercer lugar y a Vox en cuarta posición.

Preguntas polémicas

"¿Qué opinión le merece que dos magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato estaba caducado por haber concluido el plazo para el que fueron elegidos, tomen partido en votaciones en las que se decide si continuaban o no formando parte de dicho Tribunal?". La pregunta es larga y compleja pero forma parte del cuestionario que el CIS ha hecho en ese último barómetro, una vez más con críticas de la oposición por el enfoque y la forma de cuestionar, haciendo suyos los argumentos del Gobierno.

Y no es la única. Al interrogante "¿Está a favor o en contra de que los jueces del Tribunal Constitucional puedan prohibir al Parlamento debatir leyes?", el 60% se posiciona en contra. Sin embargo, la pregunta omite la idea de que ese Tribunal puede frenar la tramitación de una ley si así lo considera y que, en realidad, puso obstáculos a la tramitación, cuestionando el procedimiento de sacar adelante las normas y no el hecho en sí; un episodio, en todo caso, que nunca antes se había producido.