CSIF recurre la última convocatoria de docentes en Cataluña por anteponer el catalán al máster

La central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha recurrido la última convocatoria de personal interino docente en los centros públicos de Cataluña al entender que los criterios de selección son contrarios a derecho por primar la lengua catalana a la capacitación profesional docente a través de un título oficial de máster.

El presidente del sindicato, Miguel Borra, y los responsables de Educación de CSIF a nivel nacional y en Barcelona, Mario Gutiérrez y Francisco Oya, respectivamente, han criticado que esta convocatoria de plazas, "de manera excepcional", abra la puerta a personas que no cumplen los requisitos de titulación obligatorios.

Desde el CSIF han recordado que la Ley Orgánica de Educación (LOE) establece que para poder ejercer la profesión docente en los niveles posteriores a Infantil y Primaria se debe contar con una formación pedagógica y didáctica de nivel de posgrado, es decir, tener un título oficial de máster. "La convocatoria de la Generalitat pretende esquivar este requisito", ha enfatizado Miguel Borra, quien ha avisado: "Nos tendrán enfrente desde el minuto uno aquellos que cometan o amparen ilegalidades en el ejercicio de la función pública".

Gutiérrez ha calificado la situación de "muy grave" y ha opinado que Cataluña "prefiere incumplir la ley antes que una persona no catalana o una persona que no sepa catalán" trabaje como profesor. Mario Gutiérrez ha explicado que aunque la orden de Cataluña para esta bolsa de trabajo la ha realizado la Generalitat, se ha llevado a cabo con el 155 vigente. Según CSIF, la Generalitat ya intentó "echar por tierra" la regulación en el pasado mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el real decreto que determina las condiciones de formación docente.

Según este sindicato, si se cumple la intención de la Generalitat se podría disminuir el nivel educativo ofertado y producir un perjuicio al alumnado. Además, "se puede generar un agravio comparativo y discriminatorio" respecto a los centros privados, donde los docentes sí poseen la titulación mínima exigida por ley.