La elección del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de viajar a Bélgica para evitar la Justicia no es causal.
El sistema judicial belga dibuja desde hoy un calendario que podría alargarse hasta 90 días, dilatando así lo máximo posible la entrega de Puigdemont y los cuatro exconsellers que permanecen con él a la Justicia española.
Después de entregarse ante un juez y que este les deje en libertad con medidas cautelares, comienza una cuenta atrás antes de que regresen a España, pero primero debe pasar por un proceso.
El proceso judicial continuará en la Cámara del Consejo de Bruselas, tribunal de instrucción y primera instancia judicial, que dispondrá de un plazo de 15 días para pronunciarse sobre el recurso de los interesados.
La tramitación en Bélgica de las euroórdenes debería, teóricamente, prolongarse un máximo de 60 días, y 30 más en circunstancias excepcionales, recordó el portavoz del Ministerio Público. No obstante, el portavoz había matizado con anterioridad a la decisión del juez que, en caso de que no se ordenara su ingreso en prisión, el plazo podría incluso alargarse más de los citados 90 días.
Puigdemont tendría después una última oportunidad de recurso ante la máxima instancia judicial, el Tribunal de Casación, que cuenta con 15 diás más para pronunciarse.
En caso de que el proceso no sea favorable para el expresident, le quedaría una última carta para escapar del mandato de la Justicia belga: acudir a la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo.
