Indultos
¿Cuáles son las opciones legales de la oposición para recurrir los indultos a los presos del Procés?
La oposición carga contra el Gobierno por los indultos a los presos del Procés: PP, Vox y Ciudadanos dicen que recurrirán a la Justicia.
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La oposición ha insistido hoy en cargar contra el Gobierno por los indultos a los presos independentistas del Procés y lo hace cada vez con más dureza. PP, Vox y Ciudadanos anuncian que recurrirán a la justicia, aunque no está claro que tengan la posibilidad legal de hacerlo.
Aseguran que no piensan quedarse de brazos cruzados. Pablo Casado dice que irá a la justicia como parte afectada por ser objetivo de los CDR. Inés Arrimadas se acoge a que no hay arrepentimiento y a que lo volverán a hacer, mientras que Vox va más allá: amenaza con querellarse contra todos los ministros del Gobierno.
La oposición anuncia una ofensiva judicial, unida en bloque contra los indultos. Partido Popular, Vox y Ciudadanos van a recurrir ante el Tribunal Supremo. Así habla Inés Arrimadas, de Ciudadanos: "Vuelve a humillar a todas las familias que pasaron miedo. Pedro Sánchez les está escupiendo a la cara".
Macarena Olona, de Vox, habla de "golpe de estado sin pistolas". Pablo Casado dice en Onda Cero que los indultos "se hacen por un puñado de lentejas para seguir en el poder". El Partido Popular ha recogido ya cerca de 300.000 firmas de ciudadanos contra los indultos.
El PP acusa al Gobierno de prevaricar
La medida de gracia ha provocado tensión en el Congreso y más aún se ha elevado el tono en el Senado, donde el PP ha acusado al Gobierno de haber tomado con los indultos a los condenados del Procés una "decisión arbitraria que puede ser revocada en los tribunales, ilegal y que roza la prevaricación" y Vox ha amenazado a los miembros del Ejecutivo de mandarles "a prisión" por "traidores al pueblo español".
En una dirigida a Marlaska, el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo ha destacado que "hoy es un día triste, muy triste", en el que España "está de luto", ya que el Gobierno ha "decidido premiar a los golpistas".
"Es una decisión arbitraria que puede ser revocada en los tribunales, es ilegal y roza la prevaricación", ha dicho Martínez-Maíllo, y ha considerado que lo que hace el Gobierno es "comprar votos a cambio de permanencia en el Gobierno: pura corrupción institucional".
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