Caso Begoña Gómez
¿Cuáles son los próximos pasos en la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado?
El TSJM debe decidir si se investiga al juez Peinado por prevaricación.
- Vox se querella contra Pedro Sánchez: "Sigue prostituyendo las instituciones"
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes una querella contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su esposa Begoña Gómez, por los presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios, ahora es el turno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que tendrá que decidir si investiga al magistrado por prevaricación, ya que Peinado es aforado. Aunque existen voces en la judicatura que creen que la querella podría quedarse en nada. Antena 3 Noticias ha hablado con varios expertos como Fernando Portillo, Presidente de Foro Judicial Independiente y nos confirma que "esto no afecta al procedimientos que está siguiendo el juez Peinado" y Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces y Juezas por la Democracia nos cuenta que el procedimiento "tiene que pasar a su sustituto legal".
Desde las acusaciones también han movido ficha, y Vox ha anunciado que se querellará contra el presidente Pedro Sánchez, el ministro de Justicia Félix Bolaños y el Abogado General del Estado, David Vilas Álvarez. La formación de Santiago Abascal considera que la querella presentada contra el juez Peinado es "un nuevo atropello y un intento de someter a la justicia" y que Pedro Sánchez "sigue prostituyendo las instituciones y usándolas para su interés personal". Hazte Oír ya ha presentado su querella contra el Pedro Sánchez por malversación. Pero mientras tanto la investigación continúa, hay previstas más citaciones durante el mes de agosto. Sólo un archivo detendría la causa y los recursos de Gómez y de la fiscalía no se resolverán hasta finales de septiembre.
Más datos sobre la querella
La querella, que ha sido interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), también incluye al juez sustituto Carlos Valle. Según ha podido acceder Europa Press, la Abogacía General del Estado ha elaborado un documento de 35 páginas en el que argumenta que Sánchez debía haber comparecido por escrito en su calidad de jefe del Ejecutivo, tal y como lo establece la ley para los casos en los que se le toma declaración sobre hechos conocidos por su cargo. "Lo que adquiere relevancia, no se nos lleve a engaño, es lo hecho por la investigada en consideración a que su esposo es presidente del Gobierno", destaca el documento.
El escrito critica que la providencia del 19 de julio, mediante la cual se citó a Sánchez como testigo, no justifica por qué la declaración no se realizó por escrito. "No hay una sola línea para motivar o justificar por qué la declaración no ha de hacerse por escrito", subraya la Abogacía. Además, el texto recalca que no se puede disociar la figura del presidente del Gobierno de su condición de esposo en este contexto.
La Abogacía también denuncia que la decisión de Peinado ha sido "prevaricadora" y que sus acciones carecen de "un mínimo indicio" que sustente las diligencias adoptadas. "Se trata de impedir que el ejercicio del poder judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales", añade el escrito, insistiendo en que el juez ha generado un "descrédito gratuito" y "desprestigia" la Presidencia del Gobierno con sus "conjeturas".
El Gobierno considera que la actuación del juez Peinado ha sido un intento de "grabar un montaje" y "erosionar" la imagen de Sánchez. La Abogacía del Estado respalda esta postura, alegando que la toma de declaración en La Moncloa ha sido contraria a la ley.
En la querella, la Abogacía solicita que el tribunal recabe copias autenticadas de las resoluciones adoptadas por el juez Peinado en el denominado 'caso Begoña Gómez' y que se cite a declarar al magistrado Carlos Valle. Además, defiende que esta querella no es un "ataque" al Poder Judicial, sino una expresión de confianza en dicho poder. "Es el único medio de defensa que queda frente a un ataque absolutamente carente de justificación o motivación por parte de quien ejerce funciones jurisdiccionales", concluye el escrito.
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