Ley amnistía
Los cuatro fiscales del 'procés' entregan al fiscal general del Estado un informe por el que rechazan amnistiar la malversación
Instan al fiscal general a que si su posición es favorable a aplicar la amnistía lo plasme por escrito y se convoque una Junta de Fiscales para debatirlo.
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Los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena,Consuelo Madrigal y Jaime Moreno han presentado un informe al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que argumentan su rechazo a amnistiar la malversación que se le atribuye, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont.
Aseguran que es "indudable" que Puigdemont, los exconsejeros procesados en rebeldía Toni Comín y Lluís Puig, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros condenados Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa "sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España".
En ese escrito instan al jefe del Ministerio Público que si él está a favor de aplicar la amnistía, entonces que los deje por escrito y se convoque la Junta de Fiscales para abrir un debate. Defienden que "su aplicación en lo que concierne al delito de malversación de fondos públicos es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la norma". Además, avisan a Ortiz de que su respuesta ha de ser "de manera motivada y fundada". Si esto ocurre los firmantes ya adelantan que invocarán el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para elevar el asunto a la Junta de Fiscales que tendrán que pronunciarse entonces sobre ambas posturas.
Los fiscales se muestran convencidos de que los encausados estaban "decididos a toda costa a celebrar el referéndum ilegal" y "conocían perfectamente la magnitud de gastos y la necesidad de obtenerlos recurriendo con clamorosa infracción del deber de custodia a su sustracción del erario público de todos los españoles".
Deducen que estos "funcionarios públicos constituidos en autoridad se apropiaron de fondos públicos con ánimo de lucro propio, no de terceros" y argumentan que esa presunta malversación era para "financiar un proceso secesionista dentro de un Estado que forma parte de la Unión Europea, con el consiguiente riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión".
La desobediencia
Los cuatro fiscales en cambio sí creen posible amnistiar la norma a los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos que se circunscriben al proceso independentista catalán. En este apartado estaría Clara Ponsatí o a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Bajo su punto de vista, que es el mismo que ya el pasado 30 de mayo hicieron saber a García Ortiz los encausados sí tuvieron ánimo de lucro y afectaron a los intereses financieros de la UE por lo que en consecuencia esos actos quedarían fuera de la amnistía porque así lo fija la propia ley. En el caso de que tras esta hipotética Junta de Fiscales García Ortiz mantiene que la amnistía hay que aplicarla ellos no firmarán dicho decreto, sino que deberá hacerlo el propio fiscal general.
La postura del PP
También el PP piensa que la amnistía choca con el derecho europeo y quieren que Europa analice el texto, de hecho hoy mismo han escrito a la Presidenta de la Comisión.
Dolors Montserrat, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para pedirle que "actúe". En la misiva asegura que la Ley de Amnistía "supone un ataque frontal al Estado de Derecho en España con la que el presidente Sánchez sólo busca borrar los delitos, incluidos los de corrupción o terrorismo, a otros políticos a cambio de permanecer en el poder".
Hace apenas 24 horas que la amnistía ha entrado en vigor y es ahora cuando los populares cree que la Comisión "debe poner en funcionamiento todos sus mecanismos y resortes para pronunciarse sobre su aplicación a los condenados y perseguidos por la Justicia por delitos tan graves como los de terrorismo y malversación de caudales públicos".
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