Todas las miradas puestas en el trabajo y las posibles presiones que reciban cuatro mujeres.
Rosa Seoane y Elena Sáenz, las abogadas del Estado en el juicio del 'procés', son las responsables del informe tan esperado sobre la aplicación a Oriol Junqueras de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Ese informe llegará a la mesa de la Abogada General del Estado, Consuelo Castro. Y este departamento depende del Ministerio de Justicia, que dirige Dolores Delgado. Disponen hasta el 2 de enero para presentar su informe encargado por el Tribunal Supremo, que es el que tomará la decisión sobre el alcance temporal de la inmunidad de los miembros electos del Parlamento Europeo y cómo afecta a la situación de Junqueras, que ahora ya está condenado en firme.
El Gobierno ha manifestado su confianza en que si las alegaciones de la Abogacía del Estado a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, como eurodiputado se presentan el lunes 30 de diciembre sea posible cumplir el objetivo que el propio Ejecutivo se ha autoimpuesto para lograr "una investidura lo antes posible".
Críticas de la oposición y además Vox quiere ver el informe
El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "intentar comprar su investidura con delincuentes condenados en firme por el Tribunal Supremo", en referencia a Oriol Junqueras, y ha expresado su confianza en que la Abogacía del Estado "no sucumba" a esas "presiones" y cumpla con "su obligación" de defender al Estado y "no a los que han hecho un golpe al Estado". "Es de perogrullo", ha manifestado.
Vox se ha apresurado a requerir formalmente este escrito, así como los borradores del documento, a través del Congreso de los Diputados. Ha sido el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Macarena Olona, quienes han solicitado al Ministerio de Justicia, la Abogacía del Estado y el Ministerio de Presidencia la remisión de todos estos documentos. Los dos diputados justifican su petición en el precepto reglamentario que permite a los parlamentarios recabar datos, informes o documentos en poder de las Administraciones Públicas. Quieren que se les detalle expresamente "en relación con cada borrador, el nombre y cargo de la persona remitente, el nombre y el cargo de la persona receptora, el día y hora de remisión y el día y hora de recepción".
La presidenta y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha recordado que hace cuatro años del Comité Federal del PSOE donde aprobaron que era "innegociable" para los socialistas pactar con los separatistas si no renunciaban a la independencia. Así, ha emplazado a los barones del PSOE a "frenar la locura y la deriva de Pedro Sánchez" con una "reacción patriótica" que vaya "más allá de alguna declaración de vez en cuando".
