El 20 de octubre de 2011, la organización terrorista ETA anunció una decisión histórica largamente esperada, la del abandono "definitivo" de su "actividad armada", cinco décadas y más de 800 muertos después de su creación. Lo hizo a través de la BBC y el New York Times, que recibieron el comunicado embargado, y también a través de canales más tradicionales, como el diario Gara, afín a la izquierda abertzale, que lo colgó en su página web puntualmente.
Sin intermediarios en la era de internet, los españoles pudieron leer la literalidad de un anuncio que suscitó reacciones encontradas, pero que para los más optimistas no dejaba lugar a dudas: "ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada". Ahora, justo un año después, los vascos viven la jornada de reflexión de las primeras elecciones autonómicas sin la amenaza de ETA y con todas las sensibilidades políticas en liza, incluida la izquierda abertzale a través de la coalición EH Bildu.
Aunque la mayoría de las asociaciones de víctimas y algunos sectores políticos mantienen sus reservas hasta que la organización entregue las armas y se disuelva definitivamente, el hecho de que ETA no haya hecho ningún movimiento operativo en ese año ha convencido a la mayoría, incluidas las Fuerzas de Seguridad, de que la decisión de abandonar la violencia es "irreversible". Ni siquiera la detención de 28 presuntos etarras -el último este viernes en Irun (Gipuzkoa)- ha resquebrajado una decisión en la que ETA se ha reafirmado posteriormente.
Una determinación, la de callar las armas, que, como en otras ocasiones, ha supuesto importantes beneficios electorales para la izquierda abertzale, que aguarda a la jornada de mañana con fundadas esperanzas de convertirse -merced a la alianza con otras formaciones nacionalistas como Aralar y EA- en la segunda fuerza política del País Vasco, según apuntan todas las encuestas.
El abandono de las armas fue premiado con el voto ya en las elecciones generales, en las que Amaiur logró ser la fuerza vasca más representada en el Congreso -aunque no la más votada-, pese a lo cual el resto de partidos aún esperan una revisión autocrítica más profunda de su pasada justificación de la violencia, más allá de las manifestaciones de condolencia expresadas en el transcurso de este primer año sin ETA. Entre los retos futuros destaca el de la convivencia y la construcción de la memoria, un tortuoso camino en el que en este momento no se vislumbran acuerdos a medio plazo.
Las víctimas, las más reacias a creer en ETA, exigen el esclarecimiento de más de 300 asesinatos sin resolver, al tiempo que vigilan cualquier movimiento del Gobierno respecto a la cuestión de los presos de ETA, uno de los principales "caballos de batalla" de la izquierda abertzale. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, que se ha mostrado muy prudente durante todo este año, anunció un plan de reinserción de los reclusos etarras, que exige su separación de la banda y su arrepentimiento, en la línea de la llamada "vía Nanclares", lo que no ha sido aceptado por el colectivo de presos de ETA ni tampoco por la mayoría de las víctimas del terrorismo, que ven una "concesión" en este tipo de medidas.
Mientras, la izquierda abertzale exige el desarrollo de todos los puntos de la llamada Declaración de Aiete, varios de los cuales ni siquiera han comenzado a desarrollarse, ya que el Gobierno no acepta negociar con ETA ni siquiera aspectos técnicos, y aún parece demasiado pronto para que los partidos vascos inicien un diálogo encaminado a llegar a un consenso amplio sobre el modelo jurídico-político de Euskadi.
