El lunes se cumplen dos años de la activación en España de la alerta 4 antiterrorista, un periodo en el que las fuerzas de seguridad han detenido a 173 presuntos yihadistas y, sobre todo, han mantenido un alto nivel de exigencia y tensión en su labor disuasoria, preventiva y de reacción.
Un segundo aniversario que coincide en el tiempo con la celebración en Madrid de la fiesta mundial del Orgullo Gay, que atraerá a la capital hasta el próximo fin de semana a tres millones de personas y que pondrá a prueba un dispositivo de seguridad que lleva meses diseñándose.
Han sido 730 días de tensión antiterrorista, con todas las capacidades de las fuerzas de seguridad desplegadas, lo que ha permitido seguir practicando detenciones, sobre todo encaminadas a cortar procesos de radicalización y de captación que podrían haber ido a más.
De todos modos, como dicen fuentes de la lucha antiterrorista, son muy pocos los casos detectados de detenidos que estuvieran preparados para pasar a la acción. Al contrario que en Francia o Marruecos, por ejemplo, en España no se han descubierto armas, explosivos ni planes directos de acción.
La labor policial y judicial no ha cesado, con centenares de pesquisas abiertas y de personas investigadas y con el ojo puesto también en los combatientes españoles que han viajado a zonas de conflicto, cuyo número se mantiene en torno a los 200, muy por debajo de los países de nuestro entorno.
España, objetivo de los yihadistas por su doble condición de país occidental y por la reivindicación histórica de Al Andalus, ha seguido manteniendo el nivel de alerta 4 -de una escala de 5- porque no ha detectado circunstancias para rebajarlo. "Sería un suicidio hacerlo", avisa un mando de la lucha antiterrorista. Pero en las evaluaciones semanales de la amenaza tampoco se ha constatado la necesidad de elevarlo a pesar de los graves atentados que en estos dos años han sacudido Francia, Reino Unido, Bélgica o Alemania, amén de los ocurridos fuera de las fronteras europeas.
Acciones yihadistas que han hecho visibles nuevos métodos terroristas, como el uso de camiones en grandes aglomeraciones, y que han supuesto la adopción de nuevas medidas de seguridad en acontecimientos como las cabalgatas de Reyes, las procesiones de Semana Santa o las celebraciones futbolísticas.
Los buenos resultados policiales en España y la respuesta penal que está llegando en forma de condenas, aunque ha habido algunas absoluciones, se han visto empañados por la muerte en el atentado del Puente de Londres del español Ignacio Echeverría. Fue un largo proceso de identificación cuestionado por muchos. Por eso, el ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha querido llevar a Europa una propuesta de estatuto de la víctima para que estas demoras no se produzcan y para que, en suma, se evite una segunda victimización.
Expertos consultados valoran los resultados obtenidos, pero no eluden hablar de algunos problemas de coordinación en la lucha antiterrorista. Reconocen estas fuentes que la descoordinación en el el reciente caso de la detención en Madrid de tres yihadistas puso en peligro una operación de más dimensión.
"Lamentablemente están sucediendo estas cosas porque órganos de coordinación como el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) no funcionan", subraya una fuente, que pide a este organismo que imponga su autoridad para evitar esas situaciones que, en su opinión, se repiten más de lo deseado. "Que alguien tome cartas en el asunto", añade otro experto, quien en aras de la credibilidad de las actuaciones en materia antiterrorista exige que los órganos de coordinación funcionen y que se evite la "incoherencia institucional" de los mensajes que se trasmiten desde Interior y desde la Audiencia Nacional.
Y pone como ejemplo el último presunto yihadista enviado a la cárcel, Rachid El Omari, porque mientras el juez asegura que estaba en vías de planear un atentado en Madrid, las autoridades de Interior afirmaron que no disponían de "ningún dato" que permitiera deducir que pudiera esta planeando "atentar ahora".
Con independencia de estas situaciones, el mantenimiento del grado 4 de amenaza requiere un nivel de exigencia muy costoso para el Estado y sus fuerzas de seguridad, que están siendo capaces de sostenerlo tanto tiempo a pesar de su dificultad, resaltan los expertos.
