Los vascos se han acostumbrado ya a la ausencia de atentados, amenazas y extorsiones, así como a la evidente reducción de la "kale borroka", pero ven con preocupación la falta de pasos para lograr la disolución definitiva de ETA. En estos dos años desde que la organización terrorista anunció el cese definitivo de su actividad armada el Gobierno se ha mantenido firme en su postura de no negociar con ETA, pese a sus requerimientos de tratar sobre los aspectos "técnicos" del desarme.
Los mediadores y verificadores internacionales de este proceso tampoco han conseguido que se produzcan gestos por parte de ETA o del Gobierno para evitar el enquistamiento del proceso. La política penitenciaria se mantiene igualmente sin cambios y no se facilitan reinserciones individuales de presos de ETA salvo que se separen de la banda y se arrepientan.
Entre tanto, han continuado las detenciones de personas acusadas de estar vinculadas a la organización y son ya 67 los miembros o colaboradores de ETA detenidos desde hace dos años. Uno de los arrestos más destacados fue el de Izaskun Lesaka, considerada uno de los tres jefes de ETA, responsable de los depósitos de armas y exclusivos, que fue detenida en Francia hace un año.
Sin embargo, el golpe policial contra Herrira, la red de apoyo a los presos de ETA, ha sido la que más rechazo ha generado entre los partidos nacionalistas y en el propio Gobierno Vasco, cuyo lehendakari, Iñigo Urkullu, lo calificó de "nuevo obstáculo" hacia la paz.
Sin embargo, la presión hacia ETA y su entorno que ha mantenido el Gobierno español durante años podría verse trastocada con la resolución que dictará este lunes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la llamada doctrina Parot.
Dicha sentencia podría conllevar la liberación de muchos presos si establece que los beneficios penitenciarios se apliquen al máximo autorizado de estancia en prisión en lugar de a la suma total de años de condena de cada recluso.
Pero al "impasse" en materia de desarme y política penitenciaria se suma la falta de avances en el terreno político. Hace un año la izquierda abertzale agrupada en la coalición EH Bildu logró volver al Parlamento Vasco tras una legislatura de ausencia debido a su ilegalización, y lo hizo además convirtiéndose en la segunda fuerza política por detrás del PNV.
Sin embargo, aún no ha hecho un pronunciamiento claro para reconocer el daño causado por la violencia, exigir la desaparición de ETA y respetar la dignidad de las víctimas, como le exigen el resto de los partidos. Este hecho ha llevado al PSE, al PP y a UPyD a descolgarse de la Ponencia de Paz del Parlamento Vasco, que ha quedado en punto muerto, únicamente integrada por PNV y EH Bildu.
La formación abertzale sí ha manifestado que vería con buenos ojos un gesto de desarme de ETA y ha reiterado en numerosas ocasiones que ahora rechaza la violencia como instrumento político, pero no acaba de admitir la ilegitimidad del uso de estos métodos en el pasado.
La desconfianza hacia esta postura de Bildu y algunas sus actitudes durante este verano, que partidos como el PP califican de "involución", no facilitan el deseo del Gobierno Vasco de consensuar entre todos un Plan de Convivencia que permita asentar la paz en Euskadi y pasar página a décadas de terror y sufrimiento.
