La CUP ha certificado que se votarán esta semana en el Parlament la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica, las denominadas leyes de "desconexión", y ha llamado a la movilización de la ciudadanía para defenderlas frente a las "amenazas", "prohibiciones" y "sanciones" del Estado.
En rueda de prensa en el Parlament, la CUP ha comparecido al completo con todos sus diputados y han avisado de que solamente se podrá frenar la aprobación de estas normas si la Guardia Civil les "arranca" de sus escaños. Los anticapitalistas, que tienen un acuerdo con Junts pel Sí (JxSí) para aprobar ambas leyes, también han reclamado al Govern que sea "absolutamente transparente" en la explicación de la logística del 1 de octubre tras firmar el decreto de convocatoria. Asimismo, los diputados han querido trasladar al Estado un "mensaje de contundencia, de fortaleza y de determinación política" en una semana "clave".
Ante la respuesta del Estado a la aprobación de las leyes de "ruptura", la presidenta del grupo de la CUP, Mireia Boya, y el portavoz, Benet Salellas, han considerado "imprescindible" que la ciudadanía se movilice y comience a trabajar esta misma semana para defender las leyes soberanistas y para "calentar motores" de cara al eventual referéndum del 1 de octubre.
Para contribuir a esta movilización, los diputados de la CUP han detallado que tienen programados un centenar de actos para los próximos días, además de la celebración de la Diada del 11 de septiembre y de las acciones de la campaña del referéndum.
"Organicémonos y salgamos a la calle para defender las leyes y el día de la votación, y que el Estado no tenga ninguna duda de que con la movilización ciudadana el referéndum lo haremos vinculante", ha señalado Boya. Por otro lado, la portavoz Anna Gabriel ha constatado que, una vez firmado el decreto de convocatoria del 1-O, el referéndum "estará en manos del Govern", al que le ha exigido que sea "absolutamente transparente y explique sin miedo la operativa logística" del referéndum para que la "gente sea cómplice y partícipe".
Por su parte, Salellas ha admitido que "el miedo es un sentimiento y una situación claramente comprensible", pero ha confiado en que las "amenazas" del Estado no conseguirán medrar al conjunto de la ciudadanía catalana y que el 1 de octubre habrá una alta participación que dará validez al referéndum.
